Los gobiernos vasco (PNV y PSOE), madrileño (PP), andaluz (PP) y murciano (PP) han decidido deflactar las tablas del IRPF. ¿Es esto una bajada de impuestos? Vayamos por partes. Un ciudadano que en 2021 por cada 100 euros que ingresara pagara 20 por IRPF, disponía de los 80 restantes en su bolsillo.
Ahora, con la inflación, esos 100 euros se han quedado reducidos a menos de 90, pero el ciudadano sigue pagando los mismos 20 euros a Hacienda por IRPF. El Estado recauda lo mismo que un año antes, 20 euros, pero los 80 euros de antes equivalen a poco más de 70 ahora. El ciudadano tiene menos renta real, pero paga lo mismo al fisco.
Es cierto que la inflación también afecta al Estado, cuyos 20 euros son ahora apenas 18. Pero hay otras variables.
La deflactación de las tablas permitiría adecuar el impuesto al valor actual de las rentas, pero supondría una bajada de recaudación en términos absolutos para el Estado. Sin embargo, el Estado ha experimentado una subida de ingresos en sus arcas por IRPF por otras tres razones: mejor comportamiento del empleo, subida de las pensiones y subidas de salarios (con subidas de tramos fiscales en algunos casos), lo que le permitiría compensar la menor recaudación por la deflactación de las tablas del impuesto.
Además, parte de lo que deje de recaudar el Estado por la adecuación de las tablas a la inflación, terminaría revirtiendo en el Estado a través de los gastos en consumo de las familias (IVA, impuestos especiales….).
Desde un punto de vista político, las posturas son claras. Los que defienden la deflactación de las tablas del IRPF lo que piden es que el ciudadano desde un punto de vista fiscal mantenga su poder adquisitivo. Ello supone que el ciudadano tenga un poco más de dinero (aunque realmente su valor por la inflación no varíe respecto al año anterior) y el Estado, en principio, un poco menos. Se produce así una transferencia de rentas a las familias, que se puede modular según los diferentes tramos de rentas.
En este caso habrá familias que pasen a no tener que declarar por renta si se adecúan los mínimos exentos.
La medida beneficia a todos aquellos incluidos en los tramos en los que se deflacten las tablas y en la medida en la que se deflacte. No así a los que ya estaban exentos, a los que el gobierno debe mejorar sus rentas mediante medidas de alcance social: exenciones, becas, ayudas….
Los que se oponen a esa deflactación (gobierno central) consideran que ese dinero se destina a las políticas que el gobierno crea más conveniente. En principio a subvencionar a las rentas menores. Aunque realmente los ingresos por tributos (salvo tasas y precios públicos) no tienen un fin finalista, entran en la caja común del gobierno y sirven para sufragar todos los gastos, ya sean en servicios públicos o no, ya sean para aumentar la nómina de altos cargos y personal político o en personal funcionario, ya sea para inversiones, ya sea para publicidad, ya para ayudas, becas o exenciones.
No es una batalla de apoyar más a los ricos o a los pobres. Ese es un planteamiento simplista y no es cierto. Son dos formas de entender la gestión a través del único impuesto progresivo según el cual pagan más los que más tienen. La deflactación de las tablas y sus ajustes permitirían lo mismo, incluso permitiría no deflactar los tramos a los más ricos, como han hecho en algunas comunidades en el 50% del IRPF sobre cuya regulación pueden actuar. Es decir, se puede bajar el IRPF y al mismo tiempo hacer que los que más ganan tengan que pagar más.
Tampoco hace falta crear un impuesto sobre las grandes fortunas, sino gravar más sus rentas. El impuesto sobre las grandes fortunas es una variante del impuesto sobre el patrimonio, que está transferido a las Comunidades Autónomas, es decir forma parte de la autonomía fiscal y política de cada territorio. Actuar sobre este impuesto sin el consenso de las Comunidades supondría modificar esa autonomía fiscal y política que tienen los territorios autónomos y generaría un conflicto territorial y afecta a un elemento estructural del Estado.
Conviene recordar que el impuesto sobre el patrimonio, que se presenta como el impuesto a los ricos, fue suprimido en agosto de 2008 por el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero por considerarlo obsoleto y que no cumplía la misión para la que fue creado. Cuando se suprimió, se compensó a las Comunidades Autónomas por lo que dejarían de recibir por la desaparición de este tributo que tenían transferido. En septiembre de 2011, cuando las regiones sufrían una fuerte caída de ingresos por la crisis inmobiliaria y financiera de 2008 y se amontonaban las facturas sin pagar a los proveedores de la administración, se volvió a recuperar el impuesto para aliviar la situación de las finanzas autonómicas. Unos territorios los recuperaron y otros no. Unos lo hicieron más duro y otros más blando. Hoy en día el escenario ha cambiado, las finanzas autonómicas están más saneadas y el pago a los proveedores se hace en todas las regiones en menos de 30 días, salvo casos puntuales.
Es cierto que la supresión de este impuesto, como hizo Madrid y acaba de anunciar Andalucía, supone una caída de ingresos para la Comunidad que lo suprime. Al menos en principio, porque se produce un movimiento de personas y empresas hacia esas Comunidades, que les generan mayores ingresos por rentas y por financiación.
Además, en el escenario actual, las Comunidades se pueden permitir esa supresión, porque, a corto plazo van a subir sus ingresos por financiación por el incremento de recaudación del Estado por IVA (el 50% va a las Comunidades Autónomas) e impuestos especiales, entre ellos el de la gasolina y el diésel (de los que el 58% va a las Comunidades). El principal nubarrón que tienen las regiones en el horizonte es el aumento de sus gastos por intereses de su deuda pública por la subida de tipos de interés.
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