La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera "muy positivo" que el Gobierno haya sustituido la bonificación general a los combustibles por una batería de medidas específicas para los sectores más afectados por el ahorro "sustancial" que implicará para los recursos públicos y porque incentivará el ahorro energético y mejorará el impacto distributivo de las ayudas.
- Castilla-La Mancha repitió en diciembre como la región más inflacionista del país
El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en Castilla-La Mancha en el mes de diciembre con respecto al mes anterior. No obstante, se refleja un incremento del 6,8% en los precios respecto al año anterior, a pesar de que este dato refleja una bajada interanual de 1,3 puntos, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de esta semana el proyecto de Ley de Medidas Administrativas, Financieras y Tributarias de Castilla-La Mancha de 2023, una norma que incluye el paquete de deducciones fiscales en el IRPF anunciado por el presidente Emiliano García-Page en el último Debate del Estado de la Región y que beneficiará al 87 por ciento de los contribuyentes.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este miércoles que el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno central es una armonización fiscal "encubierta", al tiempo que ha defendido que "barriendo para casa" preferiría que lo recaudado en virtud de esa nuevo tributo se quede en Castilla-La Mancha.
Lo del giro de Ximo Puig con la bajada de impuestos no sólo suena a un “hay que salvarse” en mayo. Las campanas electorales nacionales tocan a tránsito. Y hay quien quiere coger la cruz y ponerse al frente del cortejo. El enfrentamiento provocado por el líder valenciano no es el primero. Hoy especialmente cobran actualidad las palabras que pronunció en aquel desayuno organizado por Europa Press en el hotel Villamagna de Madrid el 5 de octubre de 2015, cuando, refiriéndose al liderazgo de Pedro Sánchez y a propósito de los posibles resultados en las elecciones generales de diciembre, dijo aquello de: “Todo en la vida es revisable”.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido muy crítico contra la bajada de impuestos planteadas por algunas comunidades autónomas del PP, por lo que ha mostrado su rechazo contra lo que ha llamado guerra "fiscal", ha pedido al Gobierno de España que actúe para poner orden a este debate y ha dejado claro que su Gobierno aboga por la armonización fiscal en algunos impuestos.
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Desde la Plataforma por la Legalidad, liderada y coordinada por FEDA, creada en diciembre de 2011 con el principal objetivo de luchar contra la economía sumergida y el intrusismo profesional, junto con las 23 asociaciones que la integran, se ha expuesto al Gobierno regional, a través de una carta dirigida al director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara, al igual que a su delegada en Albacete, María Llanos Valero, la incongruencia de campañas publicitarias del "Día sin IVA" y la lucha contra la economía sumergida.
Los bancos españoles tienen la fuerza de hacer pagar al gobierno más cara su necesidad de financiación mediante endeudamiento. La subida de tipos y la retirada del Banco Central Europeo de la compra de deuda soberana española deja la situación en manos de los bancos como posibles principales suscriptores de las emisiones del Tesoro. La estrategia financiera de estos bancos puede elevar ligeramente el coste que termine pagando el Estado, lo que permite a los bancos recuperar lo que se les va por el impuesto. Una derivada de este juego tiene repercusiones autonómicas, porque parte del endeudamiento del Estado es para algunas Comunidades Autónomas -entre ellas Castilla-La Mancha, que el año pasado necesitó 2.390 millones en créditos del Estado- que tendrán que pagar la subida de intereses y se verán afectadas por ese juego financiero.
Castilla-La Mancha no se verá afectada por el nuevo impuesto a los ricos, denominado por el gobierno “impuesto de solidaridad”, dado que en su Impuesto sobre Patrimonio presenta tipos iguales a los del nuevo gravamen. Así se recoge en el estudio publicado hoy por FEDEA, en el que se incluye a nuestra Comunidad junto a la Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, La Rioja y Castilla y León, en el grupo de regiones donde los contribuyentes no se verán afectados por la introducción del impuesto a los ricos. En Castilla-La Mancha según los últimos datos de Hacienda referidos a 2020 hay 3.598 ricos, que pagaron por el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) 14,32 millones de euros.
El PP busca apoyos para lograr la deflactación del IRPF, al menos de sus tres primeros tramos, y defenderá esta semana en el Pleno del Congreso de los Diputados esta propuesta junto a las rebajas que más interés pueden suscitar a los socios habituales del Gobierno, como la reducción del IVA a alimentos básicos, pero también los pañales o los productos de higiene menstrual.
La batalla fiscal entre PP y gobierno presenta escenarios desiguales, en el que, desde el punto de vista numérico, el universo al que van dirigidos los mensajes del PP es mayor que el segmento de población al que se dirige el PSOE y, por tanto, puede ganar más adeptos. La fortaleza del mensaje del Gobierno es emocional, pero choca con su irrelevancia económica. En España ocho de cada diez ricos lo son con menos de dos millones de euros (contabilizadas sus casas). Sólo 100 españoles declaran una fortuna mayor de 100 millones y otros 200 superan los 50 millones, con lo cual la efectividad del impuesto es más emocional que económica. En el éxito del PSOE o PP van a ser decisivas las posiciones de no rechazo o de aceptación de las propuestas del rival.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, no ha aclarado este jueves la fórmula que estudia el Gobierno para aumentar los impuestos aplicados sobre grandes rentas y patrimonios, pero en todo caso sí ha precisado que será temporal y con vistas a empezar a aplicarla el próximo 1 de enero.
Era el 4 de diciembre de 2007. El entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) participaba en a conferencia organizada por The Economist y anunció por sorpresa que en caso de que el PSOE volviese a ganar las elecciones, una de las primeras medidas de la primera legislatura sería la supresión del impuesto sobre el patrimonio: “Se ha convertido en un tributo que recae en la clase media”, el diario El País recogía la principal razón del primer ministro español. Hasta esa fecha, los redactores del programa electoral del PSOE planteaban reducirlo, no suprimirlo.
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