El PP busca apoyos para lograr la deflactación del IRPF, al menos de sus tres primeros tramos, y defenderá esta semana en el Pleno del Congreso de los Diputados esta propuesta junto a las rebajas que más interés pueden suscitar a los socios habituales del Gobierno, como la reducción del IVA a alimentos básicos, pero también los pañales o los productos de higiene menstrual.

Lo del giro de Ximo Puig con la bajada de impuestos no sólo suena a un “hay que salvarse” en mayo. Las campanas electorales nacionales tocan a tránsito. Y hay quien quiere coger la cruz y ponerse al frente del cortejo. El enfrentamiento provocado por el líder valenciano no es el primero. Hoy especialmente cobran actualidad las palabras que pronunció en aquel desayuno organizado por Europa Press en el hotel Villamagna de Madrid el 5 de octubre de 2015, cuando, refiriéndose al liderazgo de Pedro Sánchez y a propósito de los posibles resultados en las elecciones generales de diciembre, dijo aquello de: “Todo en la vida es revisable”.

La batalla fiscal entre PP y gobierno presenta escenarios desiguales, en el que, desde el punto de vista numérico, el universo al que van dirigidos los mensajes del PP es mayor que el segmento de población al que se dirige el PSOE y, por tanto, puede ganar más adeptos. La fortaleza del mensaje del Gobierno es emocional, pero choca con su irrelevancia económica. En España ocho de cada diez ricos lo son con menos de dos millones de euros (contabilizadas sus casas). Sólo 100 españoles declaran una fortuna mayor de 100 millones y otros 200 superan los 50 millones, con lo cual la efectividad del impuesto es más emocional que económica. En el éxito del PSOE o PP van a ser decisivas las posiciones de no rechazo o de aceptación de las propuestas del rival.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido muy crítico contra la bajada de impuestos planteadas por algunas comunidades autónomas del PP, por lo que ha mostrado su rechazo contra lo que ha llamado guerra "fiscal", ha pedido al Gobierno de España que actúe para poner orden a este debate y ha dejado claro que su Gobierno aboga por la armonización fiscal en algunos impuestos.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, no ha aclarado este jueves la fórmula que estudia el Gobierno para aumentar los impuestos aplicados sobre grandes rentas y patrimonios, pero en todo caso sí ha precisado que será temporal y con vistas a empezar a aplicarla el próximo 1 de enero.

Era el 4 de diciembre de 2007. El entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) participaba en a conferencia organizada por The Economist y anunció por sorpresa que en caso de que el PSOE volviese a ganar las elecciones, una de las primeras medidas de la primera legislatura sería la supresión del impuesto sobre el patrimonio: “Se ha convertido en un tributo que recae en la clase media”, el diario El País recogía la principal razón del primer ministro español. Hasta esa fecha, los redactores del programa electoral del PSOE planteaban reducirlo, no suprimirlo.

Los ingresos fiscales de Castilla-La Mancha durante la primera mitad del año aumentaron en 118,11 millones de euros (5,46%) respecto al mismo periodo del año pasado, según se desprende de los datos de la ejecución presupuestaria a finales de junio, que reflejan unos ingresos tributarios por la Hacienda Autonómica de 2.280 millones de euros.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) ha advertido de que aumentar la carga fiscal sobre las empresas, incluso con nuevos impuestos, lejos de resolver los problemas del contexto actual "va a agravarlos".

El aumento de la inflación y la no deflactación de las tablas fiscales por parte del gobierno está llevando la recaudación tributaria a niveles récord. Los empresarios conquenses piden que ese aumento histórico revierta en familias y empresas y se destine a sostener la economía y se eviten políticas de gasto que introduzcan más presión sobre la deuda pública en un escenario de subida de tipos de interés

CEOE CEPYME Cuenca señala que no deben subirse más los impuestos en un contexto de alta inflación porque supone una situación ya de por sí muy complicada para el mantenimiento de las empresas.

FEDEA publica hoy una nota de Ángel de la Fuente (FEDEA e IAE-CSIC) muy crítica con la proposición del PSOE y Podemos para crear un impuesto especial a la banca y a las empresas energéticas. A su entender, el principal problema del texto es la arbitrariedad de las nuevas exacciones a dedo que en él se establecen: “Si la proposición de ley se aprueba sin cambios de calado y supera los seguros recursos judiciales a los que dará lugar, se sentarán dos precedentes muy preocupantes que permitirían a cualquier mayoría de gobierno asignar a dedo a sectores (o incluso agentes) específicos cargas o exacciones de cuantía muy significativa, así como interferir con el libre funcionamiento de empresas y mercados para intentar prefijar por ley el reparto efectivo de la carga de un impuesto con independencia de las condiciones de mercado, que son las que determinan la incidencia real de los tributos en una economía no planificada”, dice el documento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que los socios de la coalición presentarán la semana que viene una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para prohibir que los bancos y las empresas energéticas trasladen a los clientes los nuevos impuestos anunciados en el Debate sobre el estado de la Nación.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas, con los que el Estado pretende recaudar 7.000 millones de euros en los dos próximos años, no repercutirán en los ciudadanos.

Asociaciones agrarias, de la industria alimentaria han pedido al gobierno la moratoria de al menos un año en la entrada en vigor del nuevo Impuesto Especial a los Envases de Plástico, previsto para el 1 de enero. ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, así como las asociaciones empresariales AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, FIAB, ADELMA, STANPA y EsPlásticos, consideran que no es el momento de aplicar un nuevo impuesto “que sólo repercutiría negativamente en la competitividad de las empresas y sobre el consumidor”, al que se terminaría repercutiendo el impuesto lo que haría subir más los precios. Por ello, creen que es necesario retrasar la entrada en vigor de la medida hasta, al menos, el 1 de enero de 2024.