La noticia se conoce justo veinticuatro horas después de que se conociera que el sindicato Comisiones Obreras reclama una subida del sueldo base del 18% en el sector de los grandes almacenes (de 15.000 a 18.000 euros), que afecta a compañías como El Corte Inglés, Media Mark, Leroy Merlín, entre otras. El convenio de este sector afecta a 234.000 empleados y finaliza el 31 de diciembre.
A finales de agosto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz animó a los sindicatos a movilizarse contra la CEOE por la negociación salarial. Las negociaciones entre sindicatos y CEOE se rompieron el pasado 5 de mayo y hasta finales de julio, según datos del Ministerio de Yolanda Díaz, sólo se habían firmado 450 convenios, menos de la cuarta parte de lo que es habitual a esas fechas.
Ya en septiembre los sindicatos UGT y CCOO dirigieron un escrito al gobierno solicitando la negociación en el sector público. Cuando conocieron la convocatoria de le mesa, la pasada semana advirtieron al Ejecutivo que “para cerrar un acuerdo debe garantizarse el poder adquisitivo de las y los empleados públicos, la calidad del empleo y la mejora sustancial de las condiciones de trabajo, que parte necesariamente de los recortes de 2012”
Entre las reivindicaciones figura “la revisión al alza los incrementos también para este año 2022, fijados imperativamente en el 2% en los PGE 2022. En este sentido, desde ambos sindicatos ya advertimos que no vamos a permitir la constante pérdida de poder adquisitivo, -14 años sin actualización de los salarios para el personal del Servicio Exterior, ni dejar atrás al sector público empresarial, al que hay que garantizarle el derecho a la negociación colectiva y la afectación plena de los Acuerdos de la Función Pública”.
En el sector privado uno de los escollos existentes es la reticencia de la patronal a cláusula de revisión salarial, desaparecida durante la crisis de 2008 y que se había ido recuperando. La CEOE se avenía a hacer esa revisión cada tres años, algo que fue rechazado por los sindicatos, lo que terminó por romper las negociaciones en mayo pasado.
En mayo, los sindicatos CC.OO. y UGT acordaron proponer una subida salarial en los convenios del 3,5% para este año, del 2,5% para el 2023 y del 2% para 2024, así como la incorporación de cláusulas de revisión que salvaguarden el poder adquisitivo de los trabajadores si la inflación interanual es superior a estas alzas salariales de base.
Según los datos del Ministerio de Hacienda la remuneración de los asalariados de la Administración Central, las Autonómicas y la Seguridad Social cerró junio en 61.000 millones de euros, cuantía que equivale al 4,67% del PIB. La cifra no incluye el coste de los empleados de las administraciones locales españolas. Cada punto de subida supone un coste de 1.200 millones de euros.
En las Comunidades Autónomas el peso presupuestario de los asalariados públicos es mayor debido a que cuentan con la gran nómina de la Educación y la sanidad. En el caso de Castilla-La Mancha, las retribuciones de los asalariados públicos al cierre del primer semestre sumaban 2.177 millones de euros, el 62,46% del total del gasto contabilizado
El gobierno afronta la negociación en plena batalla fiscal que puede terminar desbaratando el plan de gastos que se había trazado para el año que viene. Hay que tener en cuenta que uno de cada cinco euros que gasta la administración (21,73%) es en el pago de sus costes salariales. El gobierno cuenta con margen de maniobra. Según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, en el primer semestre se registró un “avance de los ingresos en un 20,1%, con 113.537 millones, debido, fundamentalmente al crecimiento de los impuestos en un 19,4%, 15.651 millones más hasta 96.299 millones”.
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