La Autoridad Independiente de responsabilidad Fiscal (AIREF), ha advertido en su último informe que la Junta de Comunidades cerrará el año con una deuda equivalente al 36,6 por ciento del PIB, cuando el objetivo marcado para nuestra Comunidad es del 35 por ciento.
El gobierno destinará este año 207 millones a gastos financieros mientras que a construir y mejorar colegios, hospitales, centros sanitarios o carreteras sólo destinará 150
Estas necesidades financieras, suponen que la Comunidad Autónoma, según los cálculos de la propia AIREF destinará el 0,5 por ciento del PIB a pagar el coste financiero de esa deuda, por encima de lo que se gastará el gobierno en todas las inversiones de todos sus departamentos durante este año. En concreto, el ejecutivo pagará 207 millones de euros por costes financieros durante 2017, mientras que va a destinar 150 millones a obras de hospitales, colegios, centros sociales, carreteras…
El propio gobierno regional tiene previsto elevar su deuda viva de 14.055 millones de euros a 14.405 a lo largo del año. Estos datos sitúan a Castilla-la Mancha como la segunda comunidad del estado, con mayor carga financiera en relación a su PIB, sólo por detrás de Valencia, a la que la AIREF estima que cerrará 2017 con una deuda equivalente al 41,6 por ciento de su riqueza.
Según la AIREF, castellano-manchego debería trabajar 134 días para poder cubrir la deuda de la Junta, mientras que la media regional es de 86 días. En la actualidad, Castilla-La Mancha es de
Por otro lado, el escenario neutral de AIREF mantiene que la consecución de los valores de referencia del 60% del PIB recogidos en la Ley orgánica de estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera para el conjunto de las Administraciones Públicas ocurrirá en 2037. A nivel de Comunidades Autónomas, las mejor situadas son Canarias, Madrid y País Vasco, que alcanzarían en 2020 un nivel cercano al valor de referencia (13% de su PIB). Por el contrario, las que no lograrían llegar al nivel de referencia en los próximos 30 años, son Cataluña, Murcia, Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha. Solo el subsector de Corporaciones Locales ha sido capaz de alcanzar el valor de referencia ya en 2016
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