El Ministerio de Política Territorial ha recibido 21 candidaturas para la ubicación física de la Agencia Espacial Española y 14 candidaturas para albergar la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. La admisión a trámite de estas candidaturas está condicionada a que la Comisión consultiva verifique que reúnen los requisitos establecidos al efecto.
El Ministerio de Política Territorial considera que el procedimiento para determinar las sedes de las nuevas agencias estatales públicas “ha sido un éxito y ha tenido gran acogida”, al recibirse un total de 35 candidaturas para las dos agencias procedentes de 14 comunidades autónomas.
La Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la Seguridad Nacional, permitirá coordinar las actividades y políticas nacionales sobre el espacio, así como la participación de España en programas internacionales en este ámbito. El sector espacial proporciona servicios imprescindibles para nuestra sociedad en el ámbito de las comunicaciones, la observación de la Tierra, la navegación, la seguridad, la lucha contra el cambio climático o la monitorización de fenómenos como la sequía o los incendios.
Estos servicios y aplicaciones son de vital importancia para la doble transición digital y verde, objetivos estratégicos de la UE. Además, el espacio es una herramienta imprescindible para el avance de la ciencia y la exploración, respondiendo a preguntas básicas de la humanidad y proporcionando un impulso a la innovación.
Con la puesta en marcha de la Agencia, que aparece reconocida en la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 y se incluye en el PERTE Aeroespacial, España se iguala al resto de países de nuestro entorno que cuentan con figuras y organismos similares para orientar y dirigir las estrategias y actividades en el ámbito del espacio.
La Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial gozará de autonomía, independencia, patrimonio propio y potestades administrativas. Será clave para asegurar el cumplimiento de la regulación europea en materia de Inteligencia Artificial (IA) y para supervisar la correcta interpretación de la misma. Pretende concienciar asimismo sobre el impacto de la IA en la sociedad, con el objetivo de generar confianza en un ecosistema respetuoso y garantista en el uso de esta tecnología. En este sentido, la Agencia tiene como principal misión minimizar los riesgos que puede traer la IA en campos como la seguridad, la intimidad y la salud de las personas, así como sobre los demás derechos fundamentales.
España se convertirá en el primer país de la UE con una Agencia Estatal de supervisión de la Inteligencia Artificial (IA), anteponiéndose a la entrada en vigor del futuro Reglamento europeo de IA, que establece la necesidad de que los Estados miembros cuenten con una autoridad supervisora en esta materia. Por otro lado, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial se enmarca en la Agenda España Digital 2026, en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ambas impulsadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de su Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, así como en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Comisión consultiva para la determinación de las sedes
La Comisión consultiva para la determinación de las sedes de los nuevos organismos públicos está adscrita al Ministerio de Política Territorial y es el órgano que asiste al Consejo de Ministros en el proceso de elección.
La Comisión está presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y forman parte de la misma representantes de los ministerios de Política Territorial; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Hacienda y Función Pública; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; y Derechos Sociales y Agenda 2030, junto a representantes de los ministerios a los que se adscriben los nuevos organismos públicos.
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas ayer, 7 de noviembre, la Comisión consultiva solicitará informe, que deberá emitirse en el plazo de 10 días, a los Ministerios de adscripción.
Concluido el plazo para la emisión de los informes, la Comisión elaborará un dictamen que analizará las posibles sedes para la entidad afectada, dictamen que podrá tomar en consideración localidades que no hubieran sido postuladas pero que cumplan los criterios establecidos por la Comisión.
El dictamen se remitirá para su conocimiento a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico y se elevará al Consejo de Ministros que, tras valorarlo, adoptará su decisión.
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