Las propuestas han sido presentadas este viernes con motivo del XXXVI Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que se celebra en Toledo. La organización considera que la Agencia atraviesa una situación que pone en riesgo su modelo actual y alerta de una pérdida progresiva de independencia respecto al poder político.
El portavoz de IHE, José María Peláez, ha denunciado que a lo largo de los últimos años se han producido episodios de "utilización política" de la Agencia Tributaria. Entre las cuestiones que más preocupan al colectivo se encuentra también la posibilidad de fragmentación de la gestión tributaria derivada de la situación en Cataluña, por sus posibles efectos sobre la recaudación, la lucha contra el fraude y determinadas prestaciones sociales que actualmente gestiona la AEAT en todo el territorio.
Frente a este escenario, los inspectores plantean crear un Consejo Asesor de la Agencia Tributaria en el que estén representadas todas las Administraciones que comparten los ingresos recaudados por el organismo.
Una agencia con más independencia
IHE considera que la autonomía de la Agencia Tributaria, concebida como uno de sus pilares fundacionales desde su creación en 1992, se ha debilitado con el paso de los años. A su juicio, los problemas afectan tanto a la política de recursos humanos como a la gestión interna y a la comunicación pública del organismo.
Los inspectores sostienen que esta pérdida de independencia también ha deteriorado la imagen de la Agencia ante los ciudadanos. "La imagen de la AEAT se desmorona cuando los ciudadanos sospechan que no es igual de exigente con los más ricos y poderosos que con el resto", señalan en su documento.
En este sentido, la asociación ha cuestionado la gestión de algunos episodios recientes que, a su juicio, han provocado un importante daño reputacional a la institución. Entre ellos cita la explicación ofrecida por la Agencia ante la ausencia de comprobaciones tributarias sobre un investigado del entorno de un expresidente del Gobierno, atribuida a un "error inexplicable".
IHE considera que existía una explicación técnica para lo sucedido, pero lamenta que la dirección de la Agencia no la ofreciera públicamente. La asociación recuerda también que en el caso de los inmuebles atribuidos erróneamente a la infanta Cristina fue la propia organización de inspectores la que explicó que se había tratado de errores técnicos en las fuentes de información.
Un nuevo modelo de control contra el gran fraude
Los inspectores reclaman además un cambio profundo en el modelo de control tributario. Consideran que la estrategia desarrollada durante los últimos años ha puesto demasiado énfasis en fomentar el cumplimiento voluntario y en las actuaciones preventivas, mientras la Inspección mantiene un sistema de comprobación que consideran desfasado.
Su propuesta pasa por extender al conjunto de la Agencia el modelo de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, mediante la creación de un único Departamento de Control Tributario y Aduanero que integre las competencias que actualmente se encuentran distribuidas entre Gestión, Inspección y Aduanas.
El objetivo sería concentrar recursos y capacidades en la persecución del fraude de mayor gravedad y mejorar la coordinación de las actuaciones.
La asociación plantea además crear una Oficina Nacional Antifraude (ONAF) especializada en el fraude fiscal organizado, el contrabando y el blanqueo de capitales asociado. Este organismo centralizaría también el auxilio a jueces y fiscales en las investigaciones económicas.
De la ONAF dependería una policía fiscal, formada a partir de las unidades operativas del Servicio de Vigilancia Aduanera y con funciones de policía judicial para investigar delitos fiscales, de contrabando y otros delitos de carácter económico.
Inspección a partidos y representantes políticos
Una de las medidas más contundentes planteadas en el congreso es la puesta en marcha de un plan especial y permanente de inspección de representantes y partidos políticos, acompañado de un seguimiento patrimonial de las personas condenadas por corrupción.
Los inspectores también reclaman acceso de la Agencia Tributaria a los registros de bienes de las entidades locales y a las declaraciones patrimoniales de los diputados, así como que se tipifique como delito el falseamiento de estas declaraciones.
Asimismo, consideran necesario reforzar la Fiscalía Anticorrupción con inspectores y técnicos de Hacienda, con el objetivo de incrementar su capacidad para investigar delitos económicos y casos de corrupción.
IHE propone también establecer mecanismos específicos para los grandes defraudadores, incluyendo un régimen especial en la Ley General Tributaria y un registro específico. Entre las medidas planteadas figura la revocación del NIF y el cierre registral de sociedades, además de la publicidad de ese registro, dentro de lo que la asociación denomina un sistema de "muerte civil" para los defraudadores.
Cinco años de mandato para el director de la Agencia
En el plano institucional, los inspectores cuestionan la actual estructura de la AEAT, que consideran una "dirección bicéfala". La Presidencia corresponde al secretario de Estado de Hacienda, mientras que la Dirección General concentra las funciones ejecutivas.
IHE propone desvincular al secretario de Estado de Hacienda de la dirección de la Agencia y que el director general sea elegido por las Cortes Generales mediante una mayoría cualificada.
El mandato tendría una duración de cinco años, con posibilidad de una única renovación y con causas de cese previamente tasadas. Además, el máximo responsable de la AEAT debería comparecer anualmente ante las Cortes para rendir cuentas de su gestión.
Los inspectores reclaman también reducir de forma drástica el recurso a los puestos de libre designación.
Modernizar las oposiciones sin rebajar la exigencia
La asociación se ha pronunciado igualmente sobre la reforma de los procesos selectivos de la Agencia Tributaria. IHE admite que es necesario modernizar las oposiciones, reducir los plazos, revisar los temarios y mejorar la formación de los futuros funcionarios.
Sin embargo, rechaza cualquier reducción del nivel de exigencia de las pruebas. Peláez ha valorado que la convocatoria electoral haya frenado, a su juicio, algunos de los cambios que preocupaban al colectivo: "Nos ha salvado la campana de la convocatoria electoral".
Los inspectores consideran que la reforma de la Agencia debe abordar también problemas internos como el agotamiento del sistema de objetivos, la ineficacia de determinadas actuaciones contra el fraude y el aumento de la conflictividad laboral.
Para IHE, el conjunto de estas circunstancias amenaza el prestigio de una institución que durante más de tres décadas ha sido considerada un referente dentro y fuera de España y hace necesario acometer una reforma estructural que refuerce su independencia, sus medios y su capacidad para perseguir el fraude y la corrupción.
Si (
No(
