Lo que parecía un pulso que el gobierno central tenía ganado tras negarse a negociar las reivindicaciones de los letrados de la administración de justicia y confiar en que el tiempo les haría desfallecer, ha dado un giro de 180 grados, al estar próxima la convocatoria electoral. En concreto el día 3 de abril se publicará el decreto de convocatoria de los comicios municipales y el día 6 deben constituirse las juntas electorales provinciales y de zona, iniciándose así el procedimiento de la administración electoral. Las juntas electorales determinan los emplazamientos de cartelería electoral, los locales para actos públicos de las formaciones, las intervenciones en los medios públicos en espacios de publicidad institucional, reciben las candidaturas (antes del 23 de abril), las proclaman, velan por la limpieza de las elecciones, recuentan los votos, proclaman los resultados y resuelven cualquier impugnación que se de en el proceso
Los letrados de la administración de justicia (LAJ) iniciaron una huelga el pasado 24 de enero para reivindicar el cumplimiento del acuerdo salarial que alcanzaron con el Ministerio en abril de 2022. La huelga ha provocado la suspensión de centenares de miles de juicios con las repercusiones en la vida civil, mercantil y laboral de ciudadanos y empresas.
La actitud del Ministerio de Justicia ha sido ir dando largas y desoir las reclamaciones de los letrados de la administración de justicia, en la confianza de que la pérdida de salarios por los días de huelga los llevaría a deponer su actitud. Sin embargo, el conflicto, lejos de resolverse, se enquista y desde el Congreso, así como desde los colegios profesionales de abogados reclaman a las partes una solución ara evitar el daño que se está produciendo y la acumulación de procedimientos en una justicia que antes de la huelga sufría notables retrasos.
En concreto hace apenas dos días, los LAJ emitieron un comunicado en el que daban algunos datos del impacto que está teniendo el paro: “Lamentablemente hemos llegado a las 371.000 demandas paradas pendientes de reparto; 36.400 tan sólo en Madrid. Actualmente los juicios y vistas suspendidos alcanzan los 311.500. Son ya 10.100 millones de euros los paralizados como consecuencia de la huelga. El saldo medio de la cuenta de consignaciones está a punto de llegar a 6.000 millones de euros.
El comité de huelga ha remitido una carta a la ministra de Hacienda para explicarle el conflicto y el resultado de las escasas reuniones habidas hasta ahora, toda vez que el Ministerio de Justicia hace recaer la responsabilidad del incumplimiento de los acuerdos de abril en ella.
El día 13 también se conoció que la Audiencia Nacional ha estimado la medida cautelar de suspensión de la convocatoria del concurso de méritos para acceder al Cuerpo de LAJ a instancia del Colegio Nacional de Letrados. “No es uno de los fines de esta huelga, pero la eventual anulación de la convocatoria de consolidación de empleo público sería otra demostración del mal hacer del Ministerio de Justicia en relación con nuestro cuerpo”.
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