La querella denunciaba, según se informó en nota de prensa a principios de marzo, posibles delitos de malversación de fondos europeos en la compra de derechos del agua en el Alto Guadiana gestionados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con un posible fraude que dataría, al menos, desde los últimos quince años.
El Gobierno autonómico defendió entonces que fue el pasado 8 de marzo cuando se desestimó esta querella, al margen de que los servicios jurídicos de la Junta han vuelto a solicitar información al respecto de la situación jurídica.
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