Se trata del informe de fiscalización del sector público autonómico de los ejercicios 2019 y 2020, en el que el Tribunal de Cuentas hace una valoración general sobre los Fondos de Compensación Interterritorial, que es un mecanismo recogido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que actúa para corregir desequilibrios económicos interterritoriales.
En concreto, el Tribunal de Cuentas cree que la programación de las inversiones a financiar "no responde necesariamente a la evaluación de la ejecución de proyectos con mayor potencial para crear riqueza en el marco de una concreta estrategia de desarrollo regional, evidenciándose, en algunos casos, falta de rigor y de concreción en la planificación".
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