En esa carrera contrarreloj para tener aprobado el proyecto de ley antes de que el día 3 de septiembre se reúna el comité federal del PSOE para convocar las primarias y el congreso regional del partido, el gobierno decidió prescindir de la consulta de la ley al Consejo Consultivo y suprimir el trámite de explicaciones del proyecto por parte de los consejeros.
El gobierno obvió el trámite de consulta al Consejo Consultivo presentando un texto articulado idéntico al anterior proyecto y cuyas variaciones dejaba a través de las enmiendas del grupo político que le sustenta, el PSOE. En cuanto a las comparecencias de los titulares de los diferentes departamentos y organismos públicos para dar cuenta de sus diferentes presupuestos, el ejecutivo las concentró en una única comparecencia del titular de Hacienda. El argumento era que las variaciones registradas en el actual proyecto eran poco numerosas y concretas respecto al anterior proyecto de ley rechazado el 7 de abril.
El gobierno necesitó también que además de agilizarse los plazos se habilitara el mes de agosto para actividad parlamentaria, de lo contrario, el proyecto de ley hubiese tenido que esperar hasta el uno de septiembre para su tramitación.
Todas estas medidas fueron aceptadas por la oposición, aunque el PP dejó patente su malestar por las prisas del ejecutivo que tardó más de tres meses en presentar un nuevo proyecto tras el rechazo del anterior por parte de la Cámara.
El conflicto estalló el pasado viernes, cuando el presidente de las Cortes decidió relevar al presidente de la Comisión de Economía y Presupuestos, el popular Lorenzo Robisco, para la sesión en la que se debían tramitar las enmiendas y dictaminar el proyecto de ley. Tras la decisión, según manifestó el PP, estaba el intento del gobierno y del PSOE de asegurarse que el proyecto de ley quedaba dictaminado y que se pudiera debatir y, presumiblemente y salvo sorpresas, aprobar el próximo jueves por el pleno. La decisión fue contestada abiertamente por los diputados del PP que tenían que defender las enmiendas, diez de los cuales fueron expulsados.
El PP interpreta esta maniobra como una “actitud totalitaria y partidista” y, su portavoz Francisco Cañizares, ha cargado con fuerza contra el presidente de las Cortes, del que ha dicho que hizo “un uso abusivo de las facultades que establece el reglamento y actuó de forma partidista y en contra de los derechos de los diputados”.
Por su parte, la portavoz del PSOE de Castilla-la Mancha, Cristina Maestre, interpreta que el PP sólo tiene una estrategia, y es la del “bloqueo, la parálisis y el boicot a las instituciones”. Maestre ha señalado que la intención del PP es que Castilla-la Mancha no cuente con un nuevo presupuesto que vendrían a sustituir al actual en vigor que es el de 2016 prorrogado
Para la portavoz socialista, el presidente de las Cortes “cumpliendo el reglamento, presidió la última sesión con el fin de no entorpecer la normalidad parlamentaria” porque “el presidente tiene la potestad y el derecho de presidir todas las comisiones cuando así lo considere oportuno, y después del numerito que monto el diputado del PP Lorenzo Robisco en la anterior, lo vio necesario”.
El Partido Popular ha anunciado que va a iniciar acciones contra la actitud y decisiones adoptadas por el presidente de las Cortes en la comisión, “ tal y como ya hicimos cuando se nos negaron los expedientes relativos a la incompatibilidad del consejero Ruiz Molina; lo que mereció el reproche del Tribunal Constitucional, quien dijo que se vulneraron derechos fundamentales”.
Según el dirigente popular, “este Gobierno regional debuta con una actitud totalitaria, actuando con falta de respeto a las instituciones y ostentando el poder de forma contraria a los mínimos principios democráticos.”. Considera Cañizares que “el Partido Popular, que ganó las elecciones ahora está siendo maltratado en las Cortes regionales, ya que han sufrido el mayor ataque que se ha recibido en las Cortes con la retirada de la presidencia de la Comisión de Presupuestos”.
Francisco Cañizares ha denunciado también que “los desmanes de Page y Podemos no han hecho más que empezar en Castilla-La Mancha. Así, ha manifestado que debutaron con la ya famosa enmienda por la cual se establecen privilegios vitalicios en favor de altos cargos de la Junta; ahora siguen con una modificación de la LOTAU sin pasar por los mínimos criterios lógicos de tramitación de la modificación de una ley tan importante como esta; y además han continuado con la vulneración de derechos fundamentales de los diputados, que son los representantes legítimos de los ciudadanos”.
Además, Cañizares ha asegurado que “las políticas de Page y Podemos tienen como fin hacer un experimento de Gobierno social-comunista en esta región para ver si se puede aplicar a nivel nacional, olvidándose de las políticas que de verdad necesita nuestra tierra y que son buenas para el bienestar y el crecimiento”.
Si (
No(
