Ruiz Molina señala dos principios básicos que debe reflejar el nuevo modelo: La Suficiencia de recursos para que las Comunidades Autónomas prestemos los servicios a los ciudadanos. Y la solidaridad”.
Para el ejecutivo regional el modelo vigente, prorrogado desde 2014, carece de los recursos suficientes: “Los gastos son inelásticos. Para que se entienda: cubren servicios esenciales, como la sanidad o la educación, que se tienen que seguir prestando con independencia de si hay más o menos ingresos. Y cuando llegan los ciclos de crisis se reducen los ingresos y aun así las Comunidades tenemos que seguir prestando esos servicios esenciales, con la gravedad de que los servicios sociales, que también son básicos, requieren mayores gastos en época de crisis”.
Preguntado por clm21.es sobre si el gobierno regional es partidario de subir el IV de forma colegiada por todas las regiones españolas para cubrir esta deficiencia de financiación y dedicar ese aumento del trampolín autonómico del IV a financiar estos servicios, Ruiz Molina evita pronunciarse hasta que se despeje un poco el camino y se produzca esa traducción de la filosofía en dinero del informe de los expertos que es el que contempla la medida.
Tras el dictamen no vinculante de la comisión de expertos, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dejado patente el rechazo de la Comunidad al principio de ordinalidad, una palabra que esconde que las regiones ricas recibirán más dinero que las pobres, en la medida que se recibe en relación a lo que se aporta: ”Nuestra posición -marca el titular de Hacienda- es que primera la solidaridad y que en la financiación se tengan en cuenta criterios como la edad de la población, la densidad de población…”. Los conceptos a los que se refiere Ruiz Molina son los que vienen a determinar el gasto de los servicios públicos. La población más envejecida no requiere de servicios educativos, pero si absorbe buena parte de los recursos sanitarios y farmacéuticos. De igual modo, no es lo mismo prestar servicios en las zonas rurales que en las urbanas. Estos criterios han figurado en todos los modelos de financiación, aunque no han sido de aplicación en todos los fondos a transferir.
A pesar de las discrepancias entre las diferentes regiones, todas coinciden en algo y es en reequilibrar el dinero entre la administración central y la autonómica, quieren que el reparto de la tarta fiscal sea diferente, porque las Autonomías prestan los servicios esenciales y sin embargo sus ingresos están infradotados.
Con la negociación y aprobación nacional del modelo de financiación, el gobierno no ha llevado a cabo un encuentro con el principal partido de la Comunidad, el PP, para avanzar en una postura común de cara a ese proceso que se espera que se inicie en noviembre. Existe en principio un punto de discrepancia importante entre populares y socialistas y es el de la armonización fiscal entre todas las Comunidades de los tributos cedidos. Es la postura que predomina en las regiones con gobierno socialista. En cambio, en las gobernadas por el Partido Popular existen dos posicionamientos distintos, las de la total autonomía para regular tipos y bonificaciones en impuestos como sucesiones y donaciones y los gravámenes en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y la intermedia que es la del establecimiento de una horquilla de mínimos y máximos para que cada región aplique el gravamen que estime conveniente.
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