Se da la circunstancia de que a finales de julio algunas de estas partidas de fondos públicos para atención sanitaria en centros privados ya están agotadas o próximo a agotarse. De hecho, de los 50 millones globales para pruebas y operaciones, el gobierno ya había comprometido 41,56 y había reconocido obligaciones de pago por 39,4 millones de euros.
La falta de fondos en algunas partidas era conocida por el gobierno antes de presentar el proyecto de ley y el ejecutivo no corrigió esos desfases, sino que trasladó al proyecto las cifras del presupuesto prorrogado. Esta misma situación también se produce en partidas de otros departamentos, lo que deja obsoleto el proyecto de ley que se debe aprobar esta semana por las Cortes y obliga a llevar a cabo modificaciones de crédito para elevar los fondos de las partidas señaladas para derivaciones sanitarias de pacientes desde la sanidad pública a clínicas privadas.
El compromiso de pago a clínicas privadas por intervenciones cardíacas supera la consignación del proyecto de ley
Los documentos oficiales del gobierno de ejecución del presupuesto a 31 de julio, es decir con cinco meses todavía por delante, indica que de los 4,41 millones para cubrir procedimientos quirúrgicos generales, el gobierno ya había pagado a las clínicas privadas 3,82 millones de euros. Algo parecido sucede con las intervenciones cardíacas. El gobierno destina 6,96 millones para las clínicas privadas. A 31 de julio ya había comprometido a un gasto de 7,15 millones del que había reconocido obligaciones por 5,96 millones que estaban totalmente liquidadas. Como vine informando clm21.es, el SESCAM se ha mostrado incapaz de acometer con éxito la lista de espera quirúrgica que, lejos de reducirse, aumenta a la par que los tiempos medios de espera y el número de pacientes con altas demoras se ha incrementado con fuerza.
Más gastos en tomografías, endoscopias y ultrasonidos que el previsto en el proyecto
En materia de pruebas diagnósticas el ejecutivo ha publicitado una y otra vez el plan de equipamiento tecnológico y la compra de nuevos equipos. Sin embargo, algunas de las cifras revelan que el SESCAM ha intensificado las derivaciones de pacientes desde la sanidad pública a centros privados. Así, para pagar endoscopias a centros privados el proyecto de ley que todavía no ha sido votado contempla 15.150 euros. A finales de julio había gastado diez veces más, 161.820 euros. En pruebas de ultrasonido el gobierno tenía 123.380 euros para cubrir las derivaciones a centros privados, ya se ha gastado tres veces más: 319.869,97euros. Para radiología especial, el gobierno tiene en el presupuesto que todavía no se ha votado 206.250 euros. A finales de julio, según los documentos oficiales, ya se había gastado 157.160,98 euros. Para tomografías computerizadas, el gobierno prevé 68.390 euros cuando en los siete primeros meses ya ha pagado 93.635,35 euros y ha autorizado gastos por 241.649,35 euros. Además, el gobierno se ha gastado casi 185.629,99 euros en centros hospitalarios que no figuran en el presupuesto que se debe aprobar.
Fecundación in vitro
A este desfase entre lo que se prevé en el presupuesto que se debe aprobar esta semana y lo realmente gastado en cirugía y pruebas diagnósticas en centros privados, se suman también otros registrados en partidas para tratamientos médicos. Si en terapias oncológicas en centros privados, se presupuestan 43.900 euros, el Gobierno ya ha pagado 69.931,42 euros. Para tratamientos de fecundación in vitro el proyecto contempla 693.700 euros, cuando en los siete primeros meses ya se han comprometido actuaciones por 907.053,59 euros, de las que se han reconocido pagos por 810.446 euros. Para foniatría, la consignación es de 170.870 cuando los pagos realizados hasta finales de julio son de 274.315,46 euros. Para litotricias en clínicas privadas el gobierno incluye en su proyecto 25.560 euros cuando ya se llevan gastados 58.180,17 euros.
Se dispara el gasto en recetas
El gobierno sí ha actualizado en cambio otras partidas del mismo programa sanitario, como la destinada al pago de las recetas médicas. Tal y como ha venido informando clm21.es, el gasto farmacéutico se ha disparado. Este gasto (de todas las Comunidades Autónomas) está sometido al control y vigilancia por el Ministerio de Hacienda por su elevado peso en el conjunto del presupuesto y su incidencia en los objetivos de déficit y el gobierno regional mantiene adquiridos compromisos y firmados protocolos para tratar de evitar que se dispare. Hay que tener en cuenta que las recetas de las farmacias suponen el 19 por ciento del total del gasto sanitario de la Comunidad o el 12 por ciento del gasto total de la Comunidad aut´´onoma descontadas las nóminas y los gastos financieros
Inicialmente y con presupuesto prorrogado, el gobierno había consignado 476 millones de euros. Sin embargo la cifra que aparece en el proyecto es de 500 millones de euros (a una media de 41,67 millones mensuales. A finales de julio, ya se habían pagado 302,82, a razón de 43,26 millones mensuales, lo que inicialmente marca un desfase a final de año superior a los 19 millones de euros.
Por otro lado, la partida de reintegro de gastos de farmacia destinada a cubrir lo que pagan de más los jubilados ya no figuran en el epígrafe y programa. Si en la ejecución presupuestaria se prevé el subconcepto “48291 Reintegro de gastos de farmacia” y se dota con 8,15 millones. En el proyecto de ley esa partida se ha caído del programa. En la ejecución presupuestaria se refleja que durante los siete primeros meses del año, el gobierno sólo había devuelto a los jubilados 10.544,65 euros.
Sobre la sanidad pública y las derivaciones sanitarias
Desde el punto de vista del debate político sobre el establecimiento de una sanidad totalmente pública, el proyecto, que presenta el gobierno de coalición de PSOE y Podemos, recoge una partida de 122,93 millones de euros para “prestación sanitaria con medios ajenos”. La gestión corre a cargo de la Dirección General de Atención Sanitaria del Servicio Público de Salud, SESCAM (la partida y su detalle figura en la páginas 512 y 513 del Tomo I del Proyecto de Ley de Presupuestos generales de la Junta de Comunidades 2017). Esta partida recoge los fondos destinados a pagar a las clínicas y empresas privadas por procedimientos de hospitalización (1,9 millones de euros), quirúrgicos (11,37 millones), conciertos con instituciones especializadas para la realización de pruebas diagnósticas (3,7 millones), programas de hemodiálisis (13,03 millones), terapias respiratorias (14,17 millones), otras terapias, como oncológica, radioterapia, fecundación in vitro, fisioterapia, foniatría o litotricias (5,91 millones) y gastos de transporte que no son acometidos directamente por la sanidad pública.
Durante la legislatura pasada se produjo un fuerte recorte de los fondos para financiar la atención sanitaria en centro médicos privados. El gobierno actual, que hizo bandera de acabar con las derivaciones sanitarias, ha mantenido en 2016 y mantiene en 2017 la misma cuantía que se contemplaba en 2015. Podemos que ha criticado abiertamente las derivaciones sanitarias, ahora las apoya.
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