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Consejería de Sanidad.
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Consejería de Sanidad. (Foto: JCCM)

El gobierno regional ha contratado operaciones en clínicas privadas por el doble de lo presupuestado para todo el año

martes 19 de junio de 2018, 01:50h
A finales de mayo, el gobierno del presidente García-Page que tenía el compromiso de acabar con las derivaciones sanitarias a clínicas privadas, se había gastado 36 de los 47 millones que tiene presupuestados para este año para derivar a pacientes a la sanidad privada. Eso supone tres cuartas partes del dinero que tiene para todo el año, el 76,5%. El dato vuelve en contra del gobierno el argumento que apenas unos días antes había utilizado el portavoz del Ejecutivo para criticar al Partido Popular.

El miércoles pasado en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, el portavoz del gobierno, Nacho Hernando, arremetió con dureza contra el gobierno anterior en materia de listas de esperas y derivaciones sanitarias. En un momento de su intervención, Hernando “recordó que a diferencia del Gobierno de Cospedal, que en los primeros cinco meses de 2015 se gastó el 90 por ciento de todo lo presupuestado ese año para derivaciones privadas con el único propósito de maquillar las listas de espera de cara a las elecciones autonómicas de aquel año, el Gobierno de Emiliano García-Page utiliza las listas de espera como instrumento útil al servicio de la ciudadanía”.

Lo cierto es que, según los datos oficiales del SESCAM, en mayo de 2018 el gobierno regional se había gastado el doble del presupuesto que tiene para todo el año para derivaciones a clínicas privadas para procedimientos quirúrgicos generales. En concreto, había comprometido gasto por 8,28 millones de euros, cuando el presupuesto aprobado por el parlamento era de 3,95 millones. De los 8,28 millones ya había reconocido obligaciones de pago por 3,5 millones.

Además, los fondos para cirugías cardiacas en centro privados estaban casi totalmente agotados. De los 6,2 millones, había comprometido 6 millones y reconocido obligaciones por 4,3.

Estas son las dos partidas para cirugías en clínicas privadas (para procedimientos generales y para cardiología). En ellas el gobierno ya se ha gastado 14,3 millones, cuando contaba con un presupuesto de 10,19 millones.

El portavoz del gobierno criticó la semana pasada al Gobierno anterior porque en mayo de 2015, año de elecciones, llevaba gastado el 90% del presupuesto para todo el año

Más allá de la refriega política, los datos revelan que en el primer trimestre del año el número de pacientes en espera quirúrgica en la sanidad pública regional aumentó en 2.020 personas (5,58%). El aumento fue notable en marzo, cuando ya había finalizado el pico asistencial de la gripe. En abril y mayo el gobierno incrementó las derivaciones de pacientes en espera de quirófano a la sanidad privada. Los datos económicos del propio ejecutivo revelan que entre abril y mayo el Ejecutivo del presidente García-Page incrementó el gasto con clínicas privadas para intervenciones quirúrgicas generales en un 32% y para cardiacas en un 43%.

A 31 de mayo, y a pesar de la intensificación de las derivaciones sanitarias, la lista de pacientes en espera de cita para pasar por el quirófano todavía seguía siendo mayor que la de finales de 2017 (741 personas más).

El presidente García Page se comprometió con la defensa de la sanidad pública y a acabar con las derivaciones a la sanidad privada. Tres años después de su llegada al poder, el Ejecutivo mantiene sobre el papel prácticamente los mismos fondos para derivaciones que tenía el Partido Popular (que a su vez había reducido los que tenía el gobierno anterior del PSOE). Sin embargo el gobierno del presidente García-Page a lo largo del año incrementa sustancialmente las cifras aprobadas por el Parlamento y que según el consejero de Sanidad “son por si existe alguna situación de emergencia, se avería un aparato de la sanidad pública…”.

A pesar del incremento de gastos a clínicas privadas, de haber aumentado plantillas, renovado equipos, las listas quirúrgicas del Servicio de Salud de Castilla-la Mancha se han incrementado en estos tres años en 4.019 personas y el número de pacientes que deben aguardar más de seis meses para ser operados ha pasado de 3.566 que había en junio de 2015 a 8.676 a finales del mes pasado.

Los gastos a las empresas sanitarias privadas no sólo se han disparado para intervenciones quirúrgicas. A finales de mayo el gobierno regional había comprometido el 328,31% del presupuesto consignado para tomografías (y había reconocido obligaciones por el 132,18%), el 106,75% para endoscopias (con reconocimiento de obligaciones de pago del 89,1%). En concreto los otros grandes bloques de contratos del gobierno con las empresas privadas de atención sanitaria se destinan a pruebas mediantes técnicas diagnósticas y a terapias y tratamientos.

En técnicas diagnósticas, la lista de espera ha aumentado desde finales del año pasado en 2.502 personas (un 33,51%). A finales de mayo el ejecutivo ya había contratado el 71% de los fondos que tiene para todo el año. En el caso de tratamientos, el ejecutivo regional se había gastado el 58% de los fondos para todo el año.

En la terminología presupuestaria, el compromiso de gasto nace cuando la administración realiza un acuerdo contractual con relevancia jurídica con terceros que conlleva un gasto, que es el que se consigna como comprometido, es decir en cuando contrata, en este caso con las clínicas privadas. La obligación reconocida se produce cuando la clínica presenta la factura y acredita que ha realizado el trabajo acordado y es aceptada la factura y el comprobante.

Precisamente la dura intervención del portavoz del gobierno que empleó la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del ejecutivo casi exclusivamente para hablar de las listas de espera sanitarias que se habían dado a conocer momentos antes en el portal de transparencia y hacerlo con duras críticas al gobierno anterior motivaron que el Partido Popular pidiera oficialmente y por escrito que se le cediera la sala de prensa del palacio de Fuensalida para dar sus ruedas de prensa. Un escrito con el que se denunciaba el uso sectario y partidista de los recursos y fondos públicos en materia informativa y con el que se recordaba que este proceder del gobierno de García-Page ya ha sido sancionado por el Tribunal Superior de Justicia.

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