Lejos del consenso multilateral que se expresaba en aquella declaración de septiembre de 2018, el panorama político actual presenta una petición de negociación bilateral de Cataluña y otra para el resto de las regiones en la que prime el criterio de población, tal y como defiende la Comunidad Valenciana, una de las grandes perjudicadas por el modelo actual. Un criterio que castiga a las regiones de la España vaciada, donde prestar los servicios públicos básicos encomendados a las Comunidades (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) es sustancialmente más costoso que en aquellas regiones con más habitantes y con una fuerte densidad de población.
Una situación que choca con lo que entonces (2017) defendía la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que entonces ostentaba la cartera en Andalucía. Por aquel entonces, la hoy ministra y número tres del PSOE defendía que “la financiación autonómica no tiene que ver con los territorios sino con las personas”, y que debía “garantizar que vivan donde vivan tienen derecho y acceso a servicios de calidad en las mismas condiciones, independientemente de su capacidad fiscal o sus ingresos”. Se trata “de redistribución de la riqueza, de justicia y de equidad”. Y proponía que las regiones recibieran el 75% del IVA en lugar del 50% del actual modelo y el 75% de los impuestos especiales en lugar del 58%.
En una conferencia en el foro Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, cuantificaba en 4.000 millones de euros los recursos adicionales que necesitaba Andalucía para la financiación de los servicios públicos y entendía que esa era la fórmula para obtenerlos.
Las seis regiones firmantes inicialmente de la declaración de Zaragoza (todas las citadas, salvo Extremadura, que se sumó más tarde) representan el 52% del territorio nacional y el 21% de la población. Entre las rúbricas de ese acuerdo, las de Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y la de Alberto Núñez Feijóo (entonces presidente de Galicia).
La declaración ratificada por presidentes del PSOE y del PP ponían en valor el principio de suficiencia y el del coste real de los servicios y rechazaban cualquier intento de una negociación bilateral como la que ya ha planteado Cataluña.
Otra de las cuestiones sobre la mesa es la quita de deuda. Una propuesta liderada por Cataluña, que no es nueva. Ya en 2017, José Luis Ábalos, entonces número dos del PSOE, la puso sobre la mesa, aunque la reconvención de otros compañeros, como la entonces portavoz parlamentaria, Margarita Robles, le llevó a circunscribirla al ámbito de “pensamiento personal”. El PSOE, entonces, se remitió a la Declaración de Barcelona (“Por el catalanismo y la España federal”), firmada por la ejecutiva del PSOE y las del PSC en 2017, que, a su vez, se remitía a los Acuerdos de Granada de 2013.
La quita de la deuda afecta a las regiones que peores cuentas públicas han tenido, especialmente desde la crisis de 2008. Son regiones cuya deuda es con el Estado, porque no tienen capacidad de acudir a los mercados a financiarse o hacerlo en su caso en condiciones competitivas. Sólo las que tenían mejores finanzas y presentaban mejor gestión podían endeudarse de forma directa.
En noviembre de 2017, el PSC a través de su secretario general y hoy ministro de Cultura, proponía abiertamente la condonación de la deuda a Cataluña, algo que fue contestado de inmediato por los barones socialistas y sus gobiernos. La consejera de Hacienda de Guillermo Fernández Vara defendía que "en ningún caso se condone la deuda ni se incluya en los parámetros del nuevo modelo de financiación autonómica" porque las distintas comunidades "parten en condiciones de estricta desigualdad". El entonces presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, decía que este debate debe hacerse "en el marco multilateral" del Consejo de Política Fiscal y Financiera y no como una negociación bilateral.
La cuestión es ¿qué mensaje se mandaría si el Estado condonase la deuda a las primeras, entre ellas Castilla-La Mancha, cuya deuda se disparó en los duros años de la crisis del ladrillo? ¿Qué pasaría con las que tienen mejor saneadas las finanzas por una mejor gestión?
En lo que todas las regiones están de acuerdo es que el Gobierno debe poner más dinero sobre la mesa. En 2017, las Comunidades del PSOE, cuya portavoz era la entonces consejera de Hacienda de Andalucía y hoy ministra del ramo, María Jesús Montero cifraban en no menos de 16.000 millones el dinero extra que el Estado debería inyectar al sistema de financiación autonómica, aunque por aquel entonces las peticiones que realizaban Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía o Castilla y León ya sumaban más de 30.000 millones de euros extras. Castilla-La Mancha cifró el déficit de su financiación para la prestación de los servicios públicos en 1.200 millones de euros anuales.
Desde Castilla-La Mancha, su presidente García Page no sólo se ha manifestado contra el pago político de la amnistía, también contra el pago económico que iría contra el principio de igualdad y el de equidad. Y, además ha reclamado transparencia, que las negociaciones no se hagan a puerta cerrada.
Así las cosas, el nuevo gobierno abordará un nuevo modelo de financiación que debe sustituir al vigente, de 2008, que está prorrogado desde 2014. Las exigencias de Cataluña, de los socios de Sumar y la recuperación de las normas fiscales por parte de la Unión Europea vienen a dificultar ese nuevo modelo, por una parte en cuanto a la inyección de más fondos al sistema, por otro a las exigencias de Cataluña y finalmente porque en el nuevo sistema del que se apartaría Cataluña, prime el principio de financiación por habitante.
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