El impacto de la subida de la factura de intereses supone a la Comunidad un 0,25% del PIB regional (en base a un PIB regional de 51.075 millones de euros en 2024). La cantidad tiene su importancia y revela hasta qué punto el encarecimiento del dinero ahoga las finanzas públicas regionales.
Hay que tener en cuenta que las reglas fiscales están suspendidas temporalmente, pero se prevé que la Unión las retome en breve, encorsetando la capacidad de los gobiernos para incurrir en déficit. En cualquier caso y con las reglas suspendidas, el Consejo de Ministros fijó en el 0,3% la tasa de referencia para el PIB de las Comunidades Autónomas en 2023. Inicialmente estaba previsto en el 0,1% y se aumentó la horquilla para que los gobiernos autonómicos tuvieran “más capacidad de inversión en políticas claves de su competencia como la sanidad, la educación o los servicios sociales”.
Esos 253 millones de euros de intereses equivalen a todo el incremento previsto para los ingresos de la Junta de Comunidades por impuestos en 2024, o lo que es lo mismo la subida de intereses de la deuda se comerán la mitad de la subida de los ingresos por impuestos.
Así las cosas, los costes financieros todavía son manejables, en gran medida por la estrategia del gobierno de reestructurar y alargar los vencimientos de deuda, para evitar los problemas que le llegaron a suponer las amortizaciones, y cuya demora en algunos de los pagos (en 2018) llevó al gobierno a adoptar esa reestructuración. Es algo que también han hecho algunas de las familias hipotecadas tras la subida de tipos, a sabiendas de que pagarán durante más tiempo y más dinero, pero de manera más sostenible.
Este no es un problema único de Castilla-La Mancha. Baste decir que el incremento de la deuda pública española por parte del gobierno central y esa subida de tipos ha provocado que nuestro país pase de pagar algo más de 26.000 millones en intereses a 39.000 millones, una cuantía similar a todo lo que ingresa el Estado por el Impuesto de Sociedades que grava los beneficios de las empresas. El agujero al presupuesto de gastos por más deuda e intereses más altos es de 13.000 millones de euros. Ese aumento del gasto en intereses por la deuda pública obligará al gobierno que finalmente se forme en España a adoptar medidas de subida de impuestos o de recortes en el gasto para poder atender esa factura extra.
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