La proyección sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades donde más crecerá la factura de los intereses. En términos porcentuales, el incremento del 396% sería el quinto más elevado entre las autonomías analizadas, solo por detrás de La Rioja, Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia, de acuerdo con los datos de la tabla elaborada por los investigadores Manuel Díaz y Carmen Marín.
La evolución prevista muestra además una aceleración especialmente intensa a partir del endurecimiento de las condiciones de financiación. FEDEA estima que la factura de intereses de Castilla-La Mancha habría pasado de los 102 millones de euros de 2022 a 257 millones en 2023, 298 millones en 2024 y 309 millones en 2025. Para 2026 calcula 329 millones, 370 millones en 2027, 428 millones en 2028 y 506 millones en 2029.
Una deuda que baja en porcentaje, pero se encarece
El fenómeno resulta especialmente relevante porque el incremento de los intereses se producirá sin un aumento equivalente de la deuda. FEDEA calcula que el endeudamiento de Castilla-La Mancha pasaría de 15.520 millones de euros en 2022 a 16.739 millones en 2029, lo que supone un aumento de 1.219 millones, un 7,9%.
En términos relativos, la ratio de deuda sobre PIB sí experimentaría una reducción significativa: pasaría del 31% en 2022 al 23,6% en 2029, una caída de 7,4 puntos porcentuales. La mejora se produciría fundamentalmente por el crecimiento previsto del PIB nominal y por el supuesto de que las comunidades autónomas vuelvan a una senda de equilibrio presupuestario y superávit en los próximos ejercicios.
Es precisamente esta divergencia entre deuda y coste financiero la que centra una de las principales conclusiones del estudio. FEDEA advierte de que, aunque el volumen de deuda pueda reducirse en relación con el PIB, el gasto en intereses seguirá aumentando porque los vencimientos tendrán que refinanciarse a tipos superiores a los de la deuda que se amortiza.
El tipo medio se cuadruplicará
La presión financiera se aprecia también en el tipo medio de la deuda castellano-manchega. FEDEA lo sitúa en el 0,7% en 2022, frente al 1,6% en 2023, el 1,8% en 2024 y el 1,9% en 2025. La estimación apunta a que alcanzará el 2% en 2026, el 2,2% en 2027, el 2,6% en 2028 y el 3% en 2029.
En siete años, por tanto, el tipo medio aumentaría 2,4 puntos porcentuales y multiplicaría por más de cuatro su nivel de 2022. En el conjunto de las comunidades autónomas, FEDEA estima que el tipo medio pasará del 1,1% al 3,3% en el mismo periodo.
La situación de Castilla-La Mancha está condicionada además por su estructura de financiación. La comunidad forma parte del grupo de autonomías que mantienen una parte de su deuda con el Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas (FFCCAA). FEDEA utiliza para estas regiones una vida media estimada de la deuda de 4,8 años, frente a los ocho años de las comunidades que no han recurrido a estos mecanismos extraordinarios.
Más de 500 millones de factura financiera
El salto desde los 102 millones de 2022 hasta los 506 millones de 2029 significa que por cada euro que Castilla-La Mancha destinaba entonces a intereses, tendría que dedicar casi cinco en 2029 bajo el escenario planteado por FEDEA.
El incremento no responde únicamente a un mayor endeudamiento. Los autores atribuyen el aumento del gasto financiero a dos factores: el elevado volumen acumulado de deuda y, especialmente, el encarecimiento de los tipos de interés a los que se refinancian los vencimientos. Para las nuevas emisiones destinadas a financiar déficit y liquidaciones negativas, FEDEA toma como referencia un tipo del 3% para el bono soberano español a 5-7 años en junio de 2026 y mantiene ese supuesto constante hasta 2029. Para la refinanciación de los vencimientos aplica además un diferencial medio respecto al bono soberano.
El escenario es, por tanto, especialmente exigente para las cuentas autonómicas: la reducción de la deuda en términos de PIB no evita que aumente la factura que genera su financiación.
FEDEA advierte de un mayor coste de oportunidad para el gasto público
A escala nacional, el estudio estima que los intereses pagados por las comunidades autónomas pasarán de 3.608 millones de euros en 2022 a 11.528 millones en 2029, más del triple. Los autores señalan que esta evolución podría obligar a las autonomías a redirigir recursos crecientes desde otras políticas públicas hacia el servicio de la deuda.
La advertencia adquiere especial relevancia en Castilla-La Mancha, donde los 506 millones previstos para 2029 supondrían 197 millones más que en 2025 y casi cinco veces el gasto financiero registrado tres años antes.
FEDEA subraya, no obstante, que sus cifras no constituyen una predicción, sino una simulación bajo un escenario de políticas constantes. El ejercicio presupone para el conjunto autonómico un déficit del 0,1% del PIB en 2026, equilibrio en 2027 y un superávit del 0,1% en 2028 y 2029, además de un crecimiento del PIB nominal superior al 4% durante el periodo.
Precisamente por ello, el escenario utilizado puede considerarse relativamente favorable para la evolución del volumen de deuda. Sin embargo, incluso bajo estos supuestos, el coste de los intereses aumenta con fuerza. FEDEA concluye que las comunidades deberán actuar con prudencia ante políticas fiscales expansivas, ya que reducciones significativas de impuestos o programas de gasto con una rentabilidad social limitada podrían comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales.
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