Son casi siete puntos menos en una década. Un descenso que no responde únicamente al crecimiento económico, sino a una política continuada de control del déficit y estabilidad presupuestaria impulsada en los últimos años por el gobierno regional.
Del pico de tensión financiera a la consolidación
En 2015 Castilla-La Mancha se encontraba todavía bajo el impacto de la crisis financiera, con un nivel de deuda acumulada que reflejaba años de ajustes, caída de ingresos y recurso intensivo a mecanismos extraordinarios de financiación estatal.
La deuda llegó a superar el 35% del PIB, uno de los porcentajes más elevados entre las comunidades de régimen común.
Desde entonces, el Ejecutivo regional ha mantenido una estrategia basada en tres pilares: Contención progresiva del déficit, prioridad del gasto social sin expansiones estructurales descontroladas y aprovechamiento del crecimiento económico para mejorar la ratio deuda/PIB. El resultado es una reducción continuada del peso relativo de la deuda, incluso en un contexto marcado por la pandemia y el encarecimiento de costes energéticos e inflacionarios.
Estabilidad presupuestaria como eje político
Uno de los elementos diferenciales de la última década ha sido la estabilidad institucional y presupuestaria. Bajo la presidencia de García-Page, la región ha aprobado sus cuentas sin episodios prolongados de bloqueo parlamentario, lo que ha permitido planificar la consolidación fiscal con horizonte plurianual.
El compromiso reciente con el déficit cero para 2026 refuerza esta línea estratégica: no incrementar deuda y sostener el equilibrio entre ingresos y gasto.
Esta evolución ha permitido que Castilla-La Mancha abandone el grupo de comunidades con mayor deterioro financiero y se sitúe entre las que más han reducido su ratio de deuda sobre PIB en los últimos años.
Crecimiento económico y disciplina fiscal
La mejora no puede explicarse solo desde el ámbito contable. El crecimiento nominal del PIB regional ha contribuido a rebajar el peso relativo del endeudamiento, pero la disciplina fiscal ha sido determinante.
En términos prácticos, reducir siete puntos de deuda sobre PIB implica disminuir la vulnerabilidad ante subidas de tipos de interés, liberar recursos destinados a intereses y mejorar la posición de solvencia ante mercados e instituciones financieras.
En un contexto nacional donde varias comunidades mantienen ratios superiores o estancadas, la trayectoria de Castilla-La Mancha adquiere mayor relevancia comparativa.
El papel del Fondo de Liquidez Autonómica
Buena parte del endeudamiento histórico se articuló a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un instrumento que permitió financiar servicios públicos en los años de mayor tensión. No obstante, la progresiva estabilización presupuestaria ha reducido la necesidad de recurrir a nuevos incrementos de deuda vinculada a este mecanismo.
Además, el debate abierto sobre una eventual condonación parcial del FLA podría suponer un nuevo punto de inflexión, consolidando la mejora ya iniciada en la última década.
Retos pendientes
La reducción lograda no elimina todos los desafíos. La comunidad continúa dependiendo en gran medida del sistema de financiación autonómica y mantiene un gasto estructural elevado en sanidad, educación y servicios sociales.
El debate sobre la reforma del sistema no es una discusión técnica abstracta. Es la clave que determinará si la región mantiene una senda de estabilidad sostenible o continúa gestionando recursos ajustados en un marco estructuralmente limitado. Sin embargo, la mejora financiera proporciona mayor capacidad de planificación y reduce el riesgo de ajustes abruptos en caso de desaceleración económica.
Castilla-La Mancha no solo ha reducido deuda; ha consolidado una etapa de estabilidad presupuestaria tras uno de los periodos más complejos de su historia financiera reciente.
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