En el terreno práctico, el presupuesto de la Junta de Comunidades para 2024 está pendiente de la formación del gobierno nacional y de la aprobación de un nuevo presupuesto, que de no producirse trastocará las cuentas públicas de Castilla-La Mancha. La prórroga del presupuesto nacional supondrá que nuestra Comunidad inicialmente recibirá del Estado la misma financiación que en 2023, es decir 351,5 millones de euros menos de lo contemplado en el proyecto de ley que ha elaborado en concepto de la financiación autonómica. Asimismo, la subida salarial de los empleados públicos no tendrá referente nacional, por lo que se mantendrá congelada.
Hay que tener en cuenta que, aunque el presupuesto total de la región para 2024 es similar en cuantía al de 2023 (12.473 millones en 2024 frente a los 12.431 de este año), la estructura es sustancialmente diferente. El presupuesto no financiero (el que se emplea en la prestación de los servicios públicos) crece en 614 millones, mientras que el financiero (el destinado al pago de la deuda) se reduce en 572,2 millones.
Un presupuesto y otro tienen diferentes mecanismos de ingresos. El de prestación de los servicios públicos se cubre con los ingresos propios de la Junta de Comunidades y con las entregas a cuenta por el gobierno central del sistema de financiación autonómica. Y estas entregas quedarían congeladas si no hay presupuesto nuevo en España y el gobierno central prorroga el de 2023.
El gobierno regional ha elaborado sus presupuestos con unas estimaciones de incremento de las entregas a cuenta. En concreto el gobierno regional ha presupuestado 67 millones de euros más de entregas a cuenta por IRPF, 192 millones por IVA, 4,5 millones por impuestos especiales, 79 millones más por el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos y 9 millones más por el Fondo de Suficiencia Global. En total son 351,5 millones de euros que estarían en el aire. Además, otras transferencias de diversos ministerios también se verían afectadas por la prórroga presupuestaria.
No ocurriría lo mismo con las liquidaciones de la financiación del año 2022, que se calcula a partir de las entregas a cuenta realizadas ese año a la Comunidad Autónoma en función del resultado del comportamiento real de la recaudación fiscal de 2022 que se conocerá en 2024. Unas liquidaciones que el gobierno regional estima que le aportaran330,5 millones de euros, de los que 120 millones serían por el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos, 86 millones por IRPF y 124,5 millones por IVA
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