En esta última cita, “Las Residencias de Mayores y la Administración Pública”, participarán las directoras generales de Atención Primaria del SESCAM y de Mayores, María Ángeles Martín Octavio y Alba Rodríguez Cabañero, respectivamente. Moderará la sesión el doctor Roberto Sabrido , coordinador de Formación de la Fundación colegial.
Se trata de oír a las administraciones públicas como el Servicio de Salud de CLM y la Consejería de Bienestar Social sobre los que recae la responsabilidad de la atención global a los mayores ingresados y por ello, las responsables de estos departamentos del Gobierno autonómico cogerán el testigo para dar respuesta a las reflexiones expresadas por los diversos colectivos que han participado en las sesiones precedentes y que han coincidido en poner sobre la mesa que en este ámbito, la salud y el bienestar social son indisociables.
La primera de las sesiones se centró en la “atención sanitaria” y contó con la participación de médicos y personal de enfermería incluidas las auxiliares sobre las que se carga la mayor parte de los cuidados. En la segunda, celebrada en mayo, se abordaron los modelos residenciales de gestión privada y/o concertada con asistencia de responsables de centros. En la tercera, se trataron las visiones de familiares y usuarios, en este caso, “voluntarios” de centros de modelos alternativos como los de cooperativa y los de cohousing, cuya percepción dista mucho de la de aquellos mayores que se ven abocados por necesidad a ingresar en establecimientos más convencionales.
Entre los principales problemas en la atención que se presta a los mayores “institucionalizados” se han citado la falta de formación y de protocolos para evaluar la calidad de los servicios, la ausencia de estructuras, deficiencias en la coordinación entre niveles y servicios, escasez de personal cualificado, principalmente de enfermería, y la incompatibilidad entre los diferentes sistemas informáticos de Atención Primaria y de Hospitales con los de los propios centros sociosanitarios lo que multiplica las visitas a urgencias, ingresos hospitalarios innecesarios y el encarnizamiento terapéutico dificultando así una atención eficiente, digna y de calidad.
Asimismo, reclamaron que las administraciones públicas competentes garanticen a los centros los recursos necesarios para la actividad que ejercen y que se tenga en cuenta que estos dispositivos son los domicilios en los que habitan los mayores en los últimos años de sus vidas y por tanto, requieren de la misma atención específica ante situaciones de fragilidad o de dependencia que se generan por la edad avanzada.
Apostaron igualmente por poder mantener modelos “viables” de residencias, grandes o pequeñas, que permitan ofrecer los cuidados que necesitan sus usuarios, la mayor parte de los cuales, se situarían en “la cuarta edad”, con más de 80 años, pluripatológicos y con distintos grados de dependencia y de deterioro cognitivo. Y en definitiva, se pidió una mayor colaboración público-privada y un cambio del modelo que se diseñó para las necesidades asistenciales de los años 80 del siglo pasado y que debe adaptarse a la realidad sociodemográfica del siglo XXI.
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