Y con esos acuerdos se llegó ayer al Consejo de Política Fiscal y Financiera, con los ánimos revueltos, como dejó patente el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina. La reunión había sido convocada con un único punto del orden del día. El límite de déficit para el sector autonómico en 2024. El asunto obedecía al interés del gobierno central, que está en pleno proceso de aprobación del techo del gasto y de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Ni tan siquiera estaba sobre la mesa la quita de deuda. La rebelión de las comunidades gobernadas por el PP y el malestar mostrado en voz alta por Castilla-La Mancha, y en voz baja por el resto de las Comunidades socialistas obligó a la ministra a cambiar el pie.
Además de lo que interesaba al Ministerio, su titular puso sobre la mesa una cuestión: la quita de deuda, que se tratará una a una con cada Comunidad, no en el seno del Consejo, y la cifra que recibirán las Autonomías en 2024 por el modelo de financiación. El proceso de la quita de deuda, se confirmaba que era en negociaciones bilaterales, lo que daba cobertura al acuerdo del de noviembre del PSOE con ERC.
Por lo que respecta a las entregas a cuenta, el gobierno eleva la cifra de 2023, un 8,3%. Esa subida responde a los mecanismos automáticos de previsión de ingresos en los impuestos que forman parte del modelo de financiación: IRPF e IVA, que se reparte al 50% entre el Estado y las Comunidades Autónomas y los impuestos especiales, que se reparten en una proporción del 58% para las Autonomías y un 42% para el Estado. Las cifras que maneja el gobierno central sobre la previsión de ingresos por estos conceptos fiscales y que le sirven para programar su presupuesto de gastos es la que determina principalmente las entregas a cuenta a las regiones de régimen común para su financiación.
Lo que no explicó la ministra al negar la mayor es que el acuerdo de investidura con ERC incluye lo que denomina “Gestión singular” de las cuestiones bilaterales entre el gobierno central y Cataluña fruto del acuerdo de investidura entre ERC y PSOE. Una gestión singular, con la que Cataluña busca la suficiencia financiera de la que carecen otras regiones, como es el caso de Castilla-La Mancha, cuya brecha para alcanzar la suficiencia financiera supera los 1.200 millones de euros anuales.
Entre esos acuerdos con Cataluña figura las transferencias de fondos para que la Generalitat aumente en un 20% la plantilla de los mossos d’esquadra. También, la actualización de los módulos de valoración de los nuevos órganos judiciales, que suponen un incremento superior al 25% de los gastos generales. Otro de los puntos contemplados sobre financiación de Cataluña es las transferencias de fondos para gestionar los cambios en las plantillas de los funcionarios de prisiones.
A todo ello hay que añadir otras partidas con cargo a los Presupuestos Generales, como la inversión en cercanías antes de ser transferidas y el pago de determinadas cantidades extras. De hecho, el pacto contempla que “durante 2024 se traspasarán los recursos económicos asociados al déficit en el que incurre Renfe, como operador de servicio, correspondientes a la prestación del servicio de Rodalies Catalunya del año 2023”.
Asimismo, el pacto con ERC contempla la consignación y transferencia en los Presupuestos Generales del Estado de cada año la parte correspondiente al Estado sobre proyectos estratégicos, cuya cuantía no será inferior a 150 millones de euros.
Por otro lado, el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts contempla la apertura de una negociación sobre un pacto fiscal, recogiendo la “singularidad” catalana. Así el acuerdo señala literalmente que “En el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya. Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya”.
Así las cosas, la Ministra de Hacienda volvió a hacer de la necesidad virtud y haciendo una lectura interesada de los acuerdos de investidura con las fuerzas nacionalistas catalanas.
Por lo que respecta al límite del déficit, el gobierno jugó a enfrentar a las comunidades gobernadas por el PP con la dirección nacional de su partido. En principio, el límite establecido por el Ministerio que deben cumplir las Comunidades es de un desequilibrio no mayor del 0,1% del PIB frente al 2,9% del Estado. Si bien Montero señaló que la oposición del PP en el Senado, podría hacer que las Comunidades no puedan incurrir en déficit el año que viene, lo que supone perder una décima del PIB en su capacidad de gasto
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