El mapa autonómico revela un panorama de dificultad de las finanzas públicas. Ocho de las diecisiete regiones pagan sus facturas por debajo de los 30 días, que es el plazo máximo establecido por ley para no incurrir en mora, mientras que las nueve restantes están por encima de esos 30 días, lo que deja un saldo medio de 33,44 días, con algunas regiones como Murcia (61,5 días), Baleares (46,71), Madrid (46,14) o Aragón (41,87) por encima de ellos 40 días. Castilla-La Mancha efectúa sus pagos a 39,53 días.
Además, la deuda no financiera de las regiones españolas rebasa ya los 15.000 millones de euros y representa el 1,03% del PIB nacional. De esa deuda 6.335 millones (casi 1.000 millones más que en octubre) es con proveedores de obras o servicios (el 0,43% del PIB), mientras que el resto hasta los 15.000 millones representa el 0,6% del PIB y es con beneficiarios de ayudas, subvenciones y conciertos.
En el caso de nuestra Comunidad, la deuda no financiera asciende a 498 millones de euros (0,98% del PIB regional), de los que 181 (0,36% del PIB) son en facturas de proveedores.
Los datos tanto de nuestra región como del resto indican un empeoramiento de las finanzas públicas que tiene una doble causa. Por un lado, el recorte de fondos del gobierno central y por el otro un aumento del ritmo del gasto en el primer semestre del año, coincidiendo con el periodo electoral.
Los tres indicadores, PMP, deuda no financiera y deuda comercial, ponen de manifiesto la dificultad que pasan las Comunidades Autónomas sobre las que cae la prestación de tres de los servicios básicos del Estado del Bienestar: Sanidad, Educación y Servicios Sociales, además de otras políticas prioritarias como la de vivienda.
Esa dificultad se da en parte por un sistema de financiación desfasado, que lleva diez años prorrogado y que obliga a una política de contención del gasto con la lógica repercusión en esos servicios públicos.
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