La presidenta del Grupo Popular, Ana Guarinos ha señalado que “Sin quien defiende un referéndum ilegal, como es el señor García Molina, actúa en nombre del Gobierno, es el Gobierno en su totalidad el que defiende una actuación ilegal y, por tanto, antidemocrática y eso es sencillamente inadmisible”. Bajo ese principio de actuación colegiada que marca las acciones del gobierno, Guarinos ha pedido que el presidente de explicaciones inmediatas en las Cortes.
La presidenta del grupo Popular ha añadido que García-Page “no puede vacilar ni puede mantenerse en la ambigüedad. Sigue manteniendo después de este fin de semana a su vicepresidente segundo en el gobierno, lo que ante los ojos de la opinión pública el gobierno está defendiendo y amparando un referéndum ilegal, siendo cómplice de quienes lo defienden en contra del Estado de derecho”.
La portavoz del Grupo Socialista compara la reunión del vicepresidente castellanomanchego con los encuentros que tuvieron Oriol Junqueras y Sáenz de Santamaría antes de que existiera la convocatoria del referéndum ilegal
La reunión fue anunciada a la prensa como un encuentro de Oriol Junqueras con el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha para "poner de manifiesto la voluntad de ambos gobiernos en la defensa de la democracia y las libertades y la búsqueda del diálogo". Según el decreto de estructura y competencias del gobierno regional, el vicepresidente segundo tiene asumida la responsabilidad de relaciones institucionales del ejecutivo castellano-manchego. En concreto, García Molina tiene atribuidas por decreto del presidente las competencias de “la articulación de la participación ciudadana y relaciones institucionales para la planificación, coordinación y seguimiento de la acción institucional de la Administración de la Junta de Comunidades con el resto de administraciones locales, nacionales y europeas y el asesoramiento general a sus órganos administrativos y entidades instrumentales”, (Decreto 56/2017, de 23 de agosto, por el que se modifica el Decreto 80/2015, de 14 de julio, DOCM 164 de 24 de agosto de 2017, página 20427 y siguientes).
De hecho, el decreto establece además que “Para el correcto ejercicio de sus competencias, la Vicepresidencia Segunda contará con la asistencia funcional de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, así como de la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno”.
El PSOE había tratado de fijar el foco en que la reunión no estaba autorizada, no fue consultada y señalar a que García Molina actuó no en calidad de vicepresidente, sino de secretario regional de Podemos en Castilla-la Mancha y coordinador nacional del área de políticas autonómicas de la formación morada. Sin embargo, esta competencia institucional y la autonomía en el ejercicio de sus responsabilidades han llevado al PSOE a cambiar la estrategia.
En un primer momento la línea oficial del PSOE trata situar el problema que ha generado el vicepresidente del gobierno en la delgada línea en la que se difumina cuándo un cargo actúa en nombre del partido y cuándo lo hace en nombre del gobierno. Ahora, el PSOE ha pasado al ataque y ha tratado de frenar el impacto negativo en la opinión pública mediante un ataque al PP.
La portavoz del Grupo Socialista, Blanca Fernández, ha exigido coherencia a los dirigentes del PP de Castilla-La Mancha “y si piden el cese del líder de Podemos en la región, José García Molina, por haberse reunido con el vicepresidente del gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, deberían también pedir el cese de la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría que se ha reunido en varias ocasiones con Junqueras”. Fernández, que enseñó varias fotografías de Saénz de Santamaría y Junqueras indicó que los ‘populares, también deberían exigir la comparecencia de Rajoy en el Congreso para explicar estas reuniones, que tuvieron lugar antes de la convocatoria oficial del referéndum ilegal de Cataluña.
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