La ley impulsa la facturación electrónica y obliga a expedir y remitir facturas electrónicas en todas las relaciones comerciales entre empresarios y autónomos, lo cual supone reducir los costes de transacción, fomentar la digitalización de diversas áreas de negocio, incrementar la productividad y acceder a información fiable y sistemática de los plazos efectivos de pago.
Sin embargo, la CNMC cree que la solución pública de facturación electrónica "podría distorsionar el mercado" de soluciones informáticas, con riesgos difíciles de detectar, y pone como ejemplo que la Administración Tributaria pueda acceder a mejor información que los desarrolladores privados.
Por ello, la CNMC recomienda justificar "en profundidad" que la solución pública es "la más idónea" para responder a los principios de buena regulación y administración y que responde a las razones de interés público existentes.
Además, para la interoperabilidad de los formatos de la factura electrónica debería valorarse la posibilidad de que, en caso de que se desarrollaran otras sintaxis que cumplan con los requisitos establecidos, también sean admitidas como sintaxis válidas directamente a través de un proceso de certificación, sin necesidad de aprobarse mediante una nueva orden ministerial.
La CNMC ha recordado que puede ser consultada por las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, los colegios profesionales, las Cámaras de Comercio y las organizaciones empresariales y de consumidores y usuarios.
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