La consejera, que tiene como única competencia la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas y es responsable del mismo, lo ha definido como “mecanismo integral e integrador para garantizar las condiciones de vida de la ciudadanía de Castilla-La Mancha”. A finales de septiembre, el gobierno sólo había gestionado 72 de los 141 millones de euros con los que se deben atender las emergencias ciudadanas en Castilla-la Mancha durante este año.
Ayer mismo el vicepresidente segundo del gobierno, José García Molina, señalaba en alusión a este plan de garantías que los presupuestos para el año que viene dan un paso importante en temas tan importantes la pobreza, “que sigue creciendo en nuestra región y no sólo eso, sino que se ha cronificado”.
Hoy su compañera de gobierno y de partido, Inmaculada Herranz, ha explicado que este plan “condensa los diferentes programas, principios y procedimientos para que la administración y el Gobierno regional contemplen de forma general y conjunta tales derechos y objetivos”, y se articula en tres grandes programas: programa de garantías habitacional, programa de garantía de suministros básicos del hogar y programa de garantía de renta.
Según la encuesta de condiciones de vida, un 13,1 por ciento de la población castellano-manchega admite retrasos en el pago de hipotecas. El objetivo del programa de garantía habitacional es evitar situaciones de riesgo habitacional; recuperar y regularizar la situación de habitabilidad del parque público de vivienda; garantizar el derecho de permanencia en la vivienda ante situaciones de insolvencia sobrevenida; y la elaboración y desarrollo de una Ley integral de vivienda que sancione la efectividad del derecho de acceso a la vivienda. A finales de septiembre, el gobierno mantenía en gestión cero las partidas para ayudas a las viviendas de promoción pública, la rehabilitación del parque de viviendas de la Junta y para asesorar, asistir y realizar intermediaciones hipotecarias.
Aproximadamente 24.000 hogares en Castilla-La Mancha afirman no haber podido utilizar algún tipo de fuente de energía. Ante esto, el programa de garantía de suministros básicos se enfoca en minimizar los efectos derivados de las situaciones de pobreza energética; actuar ante situaciones de endeudamiento que puedan conllevar cortes de suministros eléctricos, e informar y formar al colectivo de consumidores.
Por último, el programa de garantía de renta surge como respuesta al 37,9 por ciento de la población castellano-manchega que se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, y se articula en base a un mercado de trabajo inclusivo que favorezca el acceso de las personas con mayores dificultades para conseguir un primer empleo o retornar al mercado laboral; el acceso a unos servicios de calidad que promuevan su inclusión económica y social; y un apoyo a la renta adecuado que garantice el derecho de todas las personas a unos recursos y prestaciones suficientes.
Aumento presupuestario y avances en 2018
El Plan incorpora también un avance presupuestario para 2018. Así, “continuando con nuestro compromiso de invertir más y de una manera más eficiente y rápida”, el primer avance que encontramos es el aumento en 23,8 millones de euros de la dotación presupuestaria del Plan de Garantías Ciudadanas. Un impulso presupuestario que se fundamenta en las áreas de empleo y bienestar, con un aumento del 25,1 por ciento en garantía de empleo, y del 17,9 por ciento en las medidas que corresponden a la Consejería de Bienestar Social.
Además, ha explicado Inmaculada Herranz, de una manera específica, el Ingreso Mínimo de Solidaridad, que irán transformándose en la renta garantizada de Castilla-La Mancha, ha experimentado un aumento del 48 por ciento en su dotación; pasando de los 8.250.000 euros de euros en 2016, a los 10.411.000 euros en 2017, alcanzado así los 15 millones de euros en el ejercicio próximo de 2018.
Por último, también en la Ley de Presupuestos para 2018, se incorporan dos mejoras. La primera, en relación al Ingreso Mínimo de Solidaridad, es la supresión de la interrupción de los tres meses y la posibilidad de la cobertura por encima de los 24 meses. Además, se ha previsto un aumento en la cuantía media del Ingreso Mínimo de Solidaridad incrementándose de forma estimada hasta los 500 euros de media en la percepción.
La segunda, la aplicación del principio de integralidad, reconociendo a las familias en situación de precariedad económica el acceso y facilitación a prestaciones pertenecientes al sistema de educación diferenciadas en dos partes: exenciones y bonificaciones a pagos de precios públicos educativos y reconocimiento de derechos en el ámbito educativo.
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