Para ello, el ejecutivo ha aprovechado el proyecto de ley de presupuestos de 2018 para proponer una modificación de la ley de Hacienda e incluir un nuevo artículo en el que, además de someter a la institución académica a auditorías anuales, permite a la Consejería de Hacienda “realizar las actuaciones de control financiero que estime necesarias para el seguimiento de la aplicación de las aportaciones dinerarias procedentes del presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha destinadas a financiar sus actividades, incluidas sus inversiones”. Esta medida no deja de sorprender, porque los fondos aportados por el ejecutivo del presidente García-Page no alcanzan ni para pagar las nóminas del profesorado.
En la actualidad, la supervisión económica recae por ley en el Consejo Social de la Universidad, un órgano en el que está presente el ejecutivo aunque no con mayoría
En cuanto a las auditorías anuales, el gobierno prevé hacerla con sus propios medios o marcando los criterios y las recomendaciones a las empresas auditoras que se contraten.
Esta intervención del Gobierno se trata de justificar bajo el argumento de velar porque se cumpla la normativa en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Aunque el control va más allá y, según el propio gobierno regional “tendrá por finalidad evaluar que la actividad y los procedimientos se realizan de conformidad con los principios de legalidad y buena gestión financiera”.
La Universidad tiene sus propios órganos de control interno. Además las competencias de supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad corresponden a su Consejo Social, un órgano creado por las Cortes regionales como medio de participación de la sociedad castellano-manchega en el gobierno y administración de dicha Universidad y se constituye como el cauce permanente de diálogo y comunicación entre la Universidad, la sociedad castellano-manchega y el Gobierno de Castilla-La Mancha. En el Consejo Social está representado el gobierno regional, que nombra a tres de sus diecinueve miembros y las Cortes, que nombran a otros tres. En el Consejo Social están representados además los agentes sociales y personas de reconocido prestigio. En la actualidad el presidente del Consejo es el reputado economista Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales, una de las más reconocidas firmas europeas en asesoramiento, consultoría y formación independiente en economía y finanzas. Su nombramiento fue propuesto por el ejecutivo regional.
Recientemente la UCLM puso de relieve que ha tenido que recortar actividades de docencia e investigación por la infradotación presupuestaria que hace el gobierno regional
Además, la Universidad esta sometida al control de los órganos externos que fiscalizar las fianzas públicas de todas las administraciones. En la actualidad y tras la supresión de la Sindicatura de Cuentas, este control financiero recae en el Tribunal de Cuentas. Los órganos de control externo son los que velan porque se cumplan los principios de legalidad, eficacia y eficiencia en la gestión de los fondos públicos, que ahora quiere llevar el gobierno de García-Page, a través de la Intervención de la Junta, cuyo máximo responsable es un cargo político nombrado por decreto por el propio García-Page.
En el acuerdo de investidura de García-Page y Podemos, se contemplaba la puesta en marcha en el primer año de mandato de la Cámara de Cuentas, como responsable de control externo de toda la administración regional. Sin embargo, dentro del tercer año de legislatura en el que nos encontramos el gobierno no ha creado ese órgano que principalmente debe fiscalizar la gestión económica del propio gobierno.
El gobierno regional mantiene una estrategia por el control de la Universidad desde que tomó posesión García-Page. Año tras año ha infradotado económicamente a la Institución. Los fondos no llegan ni para pagar la nómina del personal. En 2018, el gobierno regional destinará 140 millones a financiar la actividad de la UCLM cuando tan solo las nóminas del personal ascienden a 151 millones. En 2017 ha hecho lo propio y ha dotado 135 millones, cuando el coste de personal es de 142,7 millones de euros.
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