La Universidad negocia contrarreloj una financiación adecuada

El vicerrector de asuntos económicos de la institución académica, Manuel Villasalero, ha mantenido encuentros esta misma mañana con los tres grupos políticos con representación parlamentaria que deberán votar el proyecto de ley de la Junta de Comunidades el próximo viernes. El proyecto contempla una subvención nominativa de 140 millones de euros y el control financiero por parte del gobierno en un deseo del ejecutivo del presidente García-Page de poner a la Universidad bajo su mando.

Este último punto ha provocado el anuncio de un recurso de la Universidad contra el proyecto de ley al entenderse que tanto la redacción inicial del proyecto, como la definitiva a través de una enmienda socialista, invaden la autonomía universitaria y las competencias de control externo que recaen actualmente en el Tribunal de Cuentas, tras la desaparición de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha.

Tanto el texto elaborado por el gobierno como la enmienda presentada por PSOE y Podemos dan las competencias de fiscalización sobre la Universidad a la Intervención general, dependiente del ejecutivo regional. “Pido formalmente -ha dicho el rector- el restablecimiento de la Sindicatura de Cuentas por una razón fundamental: porque a la Universidad, como órgano autónomo, debe fiscalizarla un órgano dependiente del Legislativo, no del Ejecutivo. Es fundamental respetar nuestra autonomía”.

Mientras que el vicerrector se reunía con los grupos políticos, el rector Ángel Collado, participaba en el campus de Ciudad Real en unas jornadas sobre anticorrupción y aprovechaba el foro y el momento para reclamar esa restauración de la Sindicatura de Cuentas “en aras de la transparencia regional”.

La Sindicatura de Cuentas era, hasta su desaparición en la anterior legislatura, el órgano que controlaba al sector público regional, incluida la Universidad. El pacto de investidura entre Podemos y García-Page contemplaba la restauración de la institución de control financiero bajo la denominación de Cámara de Cuentas durante del primer año de legislatura. Pasados dos años y medio el gobierno del presidente García-Page no ha creado este órgano que fundamentalmente debe fiscalizar al propio gobierno, sus contratos, sus subvenciones y el manejo que hace de los fondos públicos, tanto directamente como a través de sus fundaciones y empresas públicas.

Los órganos autonómicos de control externo, como la Sindicatura de Cuentas, cuya reinstauración ha reclamado el rector, son órganos técnicos de apoyo y vinculados al Parlamento para facilitar al legislativo la tarea de control del gobierno en una materia tan compleja como la gestión económico-financiera.

Además del control externo, la legislación española y autonómica contempla un control interno de las instituciones, que es llevado a cabo por los interventores públicos. Son habituales las discrepancias de criterio entre los responsables del control interno y externo, por lo que se establecen mecanismo de alegaciones a realizar por la intervención interna que forman parte de los dictámenes definitivos, que contemplan las conclusiones de los fiscalizadores externos. Unas conclusiones que pueden, incluso, contener la petición de importes indebidamente gestionados hasta la remisión de los expedientes a la fiscalía.

Collado ha aprovechado su comparecencia ante los medios para insistir en que la Universidad de Castilla-La Mancha está actualmente sometida a un triple control económico: a los del Tribunal de Cuentas, el Consejo Social de la institución y de su propia auditoría interna. “Por lo tanto -ha señalado-, estamos sometidos a la fiscalización al máximo nivel y con el máximo rigor”.

Por otro lado, y en aras de esa misma transparencia, el rector ha adelantado que la UCLM está trabajando con expertos como los profesores Adán Nieto y Luis Arroyo en un programa de integridad de cumplimiento normativo que la situaría “como institución avanzada en el establecimiento de mecanismos de control, más allá de la auditoría interna”.

También a preguntas de los periodistas sobre el nivel de desarrollo del plan estratégico de la UCLM, que condicionaría la firma del contrato-programa para su financiación, el rector ha dicho que “está prácticamente para presentar”, insistiendo en que la Universidad “no tiene problema en presentar el plan estratégico y firmar el contrato-programa. Al contrario, queremos hacerlo”.

Por su parte el sindicato mayoritario en la Universidad advertía que se movilizará “con el resto de actores del mundo universitario si el la Junta de Comunidades condena esta semana a la Universidad de Castilla-La Mancha a una infrafinanciación suicida e inadmisible para los ciudadanos de la región”.