El gobierno va a acelerar el plan de despliegue de la guardia civil como fuerza de vigilancia dentro de las centrales nucleares. La medida se produce después de que entre la información obtenida por la policía y los servicios de inteligencia belgas hubiese datos que permiten deducir que el autodenominado Estado Islámico ha puesto a estos centros como posibles objetivos de sus atentados terroristas.
El plan concebido a finales del pasado año, a raíz de los atentados de París, contempla que el cuerpo militar y policial español asuma la seguridad interior de los recintos nucleares, en concreto de las seis plantas de generación y del almacén de residuos de Villar de Cañas, empezando por la central nuclear que hay en nuestra Región, en la localidad de Trillo en Guadalajara. La incorporación del Instituto Armado debía concluirse en 2017.
En Castilla-La Mancha, las zonas con unidad de respuesta del cuerpo militar serán Trillo y Villar de Cañas
En concreto, el 18 de diciembre del pasado año, el Gobierno modificó el decreto sobre la protección física de las instalaciones y los materiales nucleares, incluyendo a la guardia civil como “unidad de respuesta ubicada permanentemente en el interior de las instalaciones nucleares… para repeler cualquier ataque que puedan sufrir…”
La seguridad de las centrales nucleares españolas ya había quedado en entredicho en diversas ocasiones por acciones pacíficas de Greenpeace. En concreto, activistas del grupo ecologista llegaron a encaramarse a la cúpula de la central nuclear alcarreña de Zorita (hoy en desmantelamiento), sobrevolaron la central de Garoña (Burgos) soltando botes de humo sobre el edificio del reactor, invadieron la central de Cofrentes (Valencia) y escalaron a una torre de refrigeración en la que llegaron incluso a realizar una pintada que rezaba “Peligro nuclear”. También sobrevolaron el reactor de Almaraz (Cáceres).
“Si esto lo consiguió hacer un grupo de personas pacifistas y sin utilizar la violencia, no quiero ni pensar qué podría llegar a hacer un grupo organizado de carácter terrorista y cuyos miembros están dispuestos a morir”. Quien habla es Carlos Bravo una de las personas que, como responsable de la sección antinuclear de Greenpeace, dirigió alguna de esas acciones, aunque hoy ya no está en la organización. “En la de Cofrentes llamé personalmente a la sala de emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear. Me identifiqué y les comuniqué lo que estábamos llevando a cabo. El tiempo de respuesta policial fue muy lento. En Garoña ni detectaron que les estábamos sobrevolando.”
Precisamente, Greenpeace presentó varias alegaciones al hecho de poner la seguridad de recintos de empresas privadas en manos de la Guardia Civil, sobre la base de la necesidad de reforzar la seguridad en estos recintos. Una línea de estas alegaciones era para reforzar las medidas de seguridad, al señalar que estas fuerzas debían ser absolutamente independientes del resto de personal de seguridad y de los trabajadores de la empresa que, además debían estar especialmente preparados y formados en materia nuclear para poder enfrentarse a los riesgos y amenazas.
Es más, en su escrito Greenpeace advertía de los errores cometidos en Bélgica años atrás: “En un primer lugar, está el caso del reactor nuclear Doel 4, que en agosto de 2014 se vio afectado por un sabotaje interno en la sala de turbinas. En segundo lugar, también en territorio belga, entre los años 2009 y 2012 se concedió por parte de la seguridad del Estado permiso de trabajo y se permitió la entrada a la central de Doel 4 a Ilyass Boughalab. Este terrorista fue uno de los cuarenta y seis acusados en el juicio de la “Sharia4Belgium” en Amberes y en 2014 se encontraba en Siria donde luchaba junto a los grupos yihadistas.
Carlos Bravo señala que no existe la seguridad plena en cuanto a protección física de las centrales nucleares españolas: “Si bien es difícil entrar en el edificio del reactor, no lo es tanto acceder a otras dependencias como los almacenes de residuos, las piscinas y las torres de refrigeración desde los cuales se puede hacer mucho daño. Hay que tener en cuenta que si se interrumpen todos los sistemas de refrigeración, incluidos los de emergencia, se pone en riesgo la seguridad de la central.”
En su día, Greenpeace encargó un estudio a un grupo de expertos alemanes sobre la resistencia física de las centrales españolas frente al impacto de una aeronave. El análisis concluyó con un balance desastroso, en el que Zorita no resistiría siquiera el impacto de una avioneta y Garoña carecía de blindaje de acero y un impacto provocaría la fusión del núcleo. Las más resistentes resultaron ser Vandellós II (Tarragona) y Trillo.
Tras el accidente de Fukushima se llevaron a cabo tests de estrés o de resistencia de las centrales nucleares españolas que aconsejaron tomar algunas medidas: “Cinco años después se han realizado el 80% de ellas, falta todavía un 20 por ciento por ejecutar. En esas pruebas de resistencia no se contempló el escenario de un ataque terrorista.”
Bravo apunta a que la amenaza no sólo es un ataque directo a los edificios de las instalaciones nucleares, sino a infraestructuras con las que están conectadas o, incluso, a otras con las que no tienen nada que ver, pero cuya destrucción supondría un grave daño a las propias plantas nucleares: “La central de Garoña, inactiva desde 2012 y que el gobierno estudia reabrir, sería barrida por un tsunami en el caso de que reventase el embalse del Ebro. Los 450 hectómetros cúbicos de agua llegarían en forma de una ola gigantesca a la central. En otros casos, el peligro estaría en un ataque dirigido a las torres de refrigeración o el azud de agua, del que pueden suministrarse las centrales en caso de emergencia”
Carlos Bravo insiste en que no se puede garantizar la seguridad física de ningún edificio al cien por cien, las centrales nucleares no son una excepción. Ya quedó demostrado cuando uno de los edificios con las mayores medidas de seguridad del mundo, el Pentágono de Estados Unidos, sufrió un ataque terrorista.
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