Empezando por este último asunto, el gobierno maneja la posibilidad de acudir a modificaciones de crédito del presupuesto de 2018, aprobado no hace ni un mes, para evitar un invierno caliente y el estallido de un conflicto estudiantil en primavera. Los sectores moderados del ejecutivo saben que la Universidad necesita de más fondos para sostenerse y no acometer recortes. El problema es que esas modificaciones presupuestarias podrían llevar aparejadas el quebrantamiento del techo de gasto y de la regla de gasto. Y el ejecutivo ya ha recibido una advertencia por escrito del Ministerio (el pasado 5 de diciembre) señalando que está bajo vigilancia y que, además del objetivo de déficit, debe cumplir la regla de gasto (que limita el incremento del gasto de un año a otro en función de las previsiones de crecimiento de la economía a medio plazo). El incumplimiento puede acarrear medidas coercitivas y sancionadoras que pueden llegar incluso a la intervención económica de nuestra Comunidad, que ya se encuentra bajo el paraguas financiero del Ministerio.
Y es que los de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera son prioritarios, una vez que España es el único país de la Unión que todavía está en el Procedimiento de Déficit Excesivo. En abril se sabrá, con los datos anticipados, si el gobierno regional habrá cumplido con el objetivo de déficit del 0,6% del PIB en 2017. Las proyecciones apuntan a que las cifras se moverán en el límite y que pueden llegar a ser rebasadas ligeramente.
Las campañas propagandísticas del gobierno no logran tapar una realidad y es que, a pesar del incremento de los ingresos, no hay suficiente dinero. La Junta sigue sin recuperar el pulso financiero. Para 2018 el ejecutivo hace crecer el gasto un 2,7%. La mayor parte del incremento se lo lleva el incremento salarial correspondiente y la recuperación del 1,5% salarial perdido por los empleados públicos en los tiempos duros de la crisis (en total son 105,4 millones de euros de los 203,4 que sobre el papel va a crecer el gasto público este año). Con los otros 98 millones, el ejecutivo tiene que atender a la mejora de los servicios sociales y a las inversiones públicas.
Esta escasez de fondos se va a ver agravada inicialmente por la falta de Presupuestos Generales del Estado, lo que ha llevado al Ministerio de Hacienda a avanzar que, mientras no estén aprobados, se congelan los incrementos de fondos a las Comunidades Autónomas previstos como entregas a cuenta. Esta congelación generará problemas de liquidez a unas ya maltrechas finanzas de la Junta que debe acudir a los créditos que le proporciona el Fondo de Liquidez Autonómica para resolver las tensiones en los pagos, lo que incrementa sus costes financieros, el año pasado aumentaron más de 65 millones. Si este año sigue la tendencia, los intereses se podrían comer una buena porción de esos 98 millones del incremento neto presupuestario. Es un año de riesgo para la deuda financiera y la no financiera, la que se tiene con los proveedores y con los beneficiarios de subvenciones y convenios. Es un año para tratar de contentar a los más posibles y enemistarse con los menos. Habrá que saber a qué precio.
Para el ejecutivo de Castilla-La Mancha la culpa de la situación no será suya, será del gobierno central y especialmente por una financiación inadecuada. El retraso de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica anticipa una línea de conflicto mediático y político del gobierno regional con el gobierno de España. La raíz del retraso en el nuevo modelo de financiación está en la inestabilidad de Cataluña. El Ministerio quiere que Cataluña esté en la ronda negociadora con todas las Comunidades y para eso se precisa que haya un nuevo gobierno de la Generalitat. Y claro, la Junta se ve atrapada en ese mensaje de lealtad institucional y de defensa de la soberanía y la unidad de España, lanzado para tratar de evitar el impacto negativo que tuvo la reunión del vicepresidente segundo del gobierno de García-Page con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, hoy en prisión preventiva acusado de, entre otros, el delito de rebelión. En las próximas semanas habrá que ver si prima la lealtad o el bolsillo aprieta más de lo necesario. En 2009, cuando el gobierno de Zapatero acordó con Cataluña el modelo de financiación vigente, los demás se sumaron porque se pudieron encima de la mesa unos miles de millones adicionales.
La situación catalana no ha dejado descolocado sólo al gobierno de García-Page. El impacto en las fuerzas políticas ha sido notable. Y aunque los resultados no son extrapolables, sí marcan las estrategias a futuro. Los dos partidos emergentes han perdido la transversalidad a la que se apuntaron en su nacimiento. Ciudadanos es una marca nacional sin organización territorial más allá de Cataluña, Madrid o Andalucía, que -tras el resultado catalán-trata de morder electores por la derecha al PP, lo que le hace abandonar electorado de centro, lo que a su vez abre una oportunidad al PSOE de recuperación de posiciones en ese segmento, sin riesgo de perder en exceso por su izquierda, tras la posición de Podemos, que se ha abonado a los postulados del ala más extremo de la izquierda.
En ese escenario, el gobierno de García-Page trata de hacer un guiño a la formación naranja y prevé llevar a cabo una reforma electoral que, sin modificar el estatuto, sólo permite aumentar en dos el número de escaños del Parlamento regional. Anda García-Page propiciando un escenario que le permita -en el caso de que llegue a presentarse- poder tener una muleta con la que gobernar, una vez que desaparezca del escenario político Podemos, cuyo voto se fragmenta en diferentes grupos, siendo beneficiadas las formaciones de carácter ecologista. El problema es que Ciudadanos carece de estructura regional y el liderazgo es más que bicéfalo, por un lado los coordinadores regional y provincial y, por otro, la que parece destinada a ser la candidata naranja, Orlena de Miguel. El PP mantiene su estructura, su organización y su liderazgo firmes y sólo le hace falta definir, en último caso, su candidatura. En el PSOE las heridas entre Sánchez y García-Page lejos de restañar se agravan en las organizaciones provinciales. Una situación que ha cuestionado el liderazgo regional interno del propio García-Page. El hoy presidente con el apoyo de Podemos puede no llegar a presentarse y optar por una salida hacia el parlamento Europeo, en función de sus propia situación personal. De momento, él hace fuerza afirmando que sí quiere repetir. Por si acaso, quiere dejar cerrada este año la reforma electoral, encaminada a buscar fórmulas para dar entrada a Ciudadanos, a fin de tratar de debilitar al PP y de, en su caso, abrir opciones con los naranjas, a pesar de que ahora abrace a Podemos.
Y si ese es el juego político, en el gobierno se trata de quitar importancia a las listas de esperas sanitarias o de dependencia. Lo que hace tres años en la oposición era motivo de crítica diaria al gobierno de entonces, ahora con peores resultados (en la lista quirúrgica, la que más recursos necesita, hasta el punto de haberse convertido en un problema sanitario estructural) se relativiza. La donación de equipos de diagnóstico y tratamiento de la Fundación Amancio Ortega viene a tapar la ineficacia del gobierno actual. Y en materia de dependencia se sigue el mismo criterio que en sanidad, priorizar los casos que coman menos recursos. Y además responsabilizar al gobierno de la nación de la situación, por una infradotación de las ayudas para cofinanciar la dependencia.
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