Se agrava la división en el Colegio de Abogados de Toledo. Un tercio de los colegiados no aprobaron las cuentas de 2015. Ese punto y las propuestas sometidas a la deliberación y consideración de la Junta General del Colegio pusieron de manifiesto la profunda división que se vive en esta corporación.
El debate y discusión de esas cuentas había quedado pospuesto en una agitada reunión anterior que se celebró a finales de febrero. El aplazamiento se produjo por las diversas impugnaciones y reparos puestos por varios colegiados a la formulación de las cuentas y al procedimiento de acceso a las mismas. Ya en el mes de marzo, la junta de gobierno puso a disposición de los asociados en la sede del colegio los balances abreviados del ejercicio. Durante la Junta General del día 31 de marzo, algunos de los colegiados reprocharon que no les hubiese llegado esa notificación, otros pusieron el acento en que la información ofrecida era tan esquemática y tan reducida que no se podía determinar con detalle la procedencia y el destino desagregado de los fondos y la gestión que se había hecho de los mismos. Esta controversia se saldó con una votación en la que el rechazo de las cuentas obtuvo 72 votos y la aprobación 143.
La confrontación también se trasladó al siguiente punto en el que se debían someter a deliberación y votación diez propuestas relacionadas con el funcionamiento ordinario del Colegio y de importancia para los profesionales de la abogacía: el turno de oficio, la descentralización del Servicio de Orientación Jurídica, los convenios de colaboración con otras entidades, la formación continua, las quejas y expedientes disciplinarios, la subida de los honorarios del turno de oficio… Al llegar a este punto, el decano se mostró partidario de no entrar en el debate de las propuestas y planteó a los asistentes si entraban o no a discutirlas, para lo que pidió una votación, cuyo resultado mostró aún más la división existente, al salir la tesis que defendía el decano por una escasa diferencia de ocho votos, en concreto 100 votos a 92, lo que impidió entrar a debatir y aprobar esas propuestas de suma trascendencia que no tienen otro fin que mejorar las condiciones profesionales de los abogados, sustrayendo, por tanto, al “órgano soberano de gobierno" que es la Junta General, formada por todos los colegiados, su función de "establecer las líneas generales de actuación del colegio" como determina el art. 20 del Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo.
Entre esas diez propuestas, figura la que persigue la creación de una comisión especial para canalizar a través del Colegio las relaciones de los abogados con la Administración de Justicia en la provincia, a fin de generar un clima de colaboración que permita solventar las disfunciones que se pueden producir en el ejercicio profesional y llevar a cabo cuantas acciones permitan mejorar las actuaciones de todos los agentes implicados en el desarrollo de las actividades jurisdiccionales.
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