Esa infradotación por parte del gobierno regional ha llevado a la Universidad de Castilla-la Mancha a mantener una política prudencial de ahorro en los últimos. En los últimos seis ejercicios corrientes cerrados, la UCLM acumuló un saldo presupuestario negativo de 58,5 millones de euros, que fueron absorbidos por las medias ajustadas en el uso de remanentes de ejercicios anteriores.
Este ahorro afectó tanto a sus previsiones de gastos como a la ejecución del mismo. Los recortes del gobierno se dejaron sentir ya en el último tramo del anterior ejecutivo socialista, donde en 2011 se recortó la subvención nominativa en casi un 25%, y paso de 165 millones a 125, representando tan sólo el 54,7% del presupuesto de la institución.
A la vista de esta situación, el nuevo equipo rectoral llevó a cabo un reajuste presupuestario en los siguientes ejercicios para garantizar el mantenimiento de las enseñanzas y la calidad de las mismas y las labores de investigación, sobre la base de congelar el proceso expansivo de nuevas titulaciones. El año siguiente, la Universidad llevó a cabo una contracción presupuestaria del 25% y, a partir de 2013 inició de nuevo una política presupuestaria expansiva hasta 2015.
En 2016, con el nuevo gobierno, la UCLM volvió a reducir su presupuesto en casi un 10% y en 2017 mantuvo esa línea de ajuste con otro 2% adicional y para 2018 contempla una mínima reducción que en la práctica supone una congelación del presupuesto de gastos, todo ello, a pesar de que la Universidad ha ido atendiendo a las subidas a su personal contempladas en los diferentes presupuestos generales.
Estos datos que pueden consultarse en el portal de transparencia de la institución revelan que en 2014 la subvención nominativa de la Junta de Comunidades a la UCLM suponía el 56,34% del gasto de la Universidad. En 2016, a pesar de contar con un presupuesto en contracción respecto al ejercicio anterior, la aportación del ejecutivo representaba el 56,19%.
El anunciado proceso de mejora e impulso de la Universidad por parte del gobierno regional del presidente García-Page quedó limitado en términos económicos a una aportación de la Junta un 4,8% superior a la de 2015 (5,72 millones de euros), cifra en la que se incluía las revisiones salariales del personal, lo que lejos de mejorar la situación de la institución respecto a años anteriores venía a empeorarla, fundamentalmente tras las medidas anunciadas por el ejecutivo sobre la reducción de las tasas de matrículas. Las tasas representan la segunda gran aportación de fondos no finalistas a la Universidad. De 2015 a 2016 los ingresos por este concepto caen de los 28,59 millones de euros a los 25,63, son casi 3 millones de euros menos (un 10,35%). La caída viene motivada por la bajada de precios públicos en las matrículas oficiales establecida por el ejecutivo.
Las palabras del ejecutivo quedaban en papel mojado. En la práctica no había más dinero, sino menos, lo que motivó que a lo largo del ejercicio y durante la gestión de los fondos la Universidad tuviera que ajustarse aún más el cinturón reducir el gasto real. Ya no se trataba sólo de las previsiones presupuestarias, sino de las ejecuciones de los fondos. A finales de 2016 la Universidad había agotado casi todos sus fondos de reserva y el mantenimiento de la infradotación en 2017 hace que la Universidad cierre con una necesidad de 13,62 millones.
En 2014 la UCLM llevó a cabo una política de incremento del gasto real, fundamentalmente amparada por una mejora de las aportaciones por parte del gobierno de entonces y por un mayor volumen de ingresos por matrículas. Esa política de incremento del gasto real se mantuvo en 2015, pero en 2016 volvió a reducirse el gasto efectivo por los desajustes que ocasionaron las medidas del gobierno regional.
Se habla entonces del contrato programa para 2017, pero el gobierno no avanza en el documento y la Universidad, a la que se le van acabando los remanentes que le han permitido sortear la crisis, tiene que aplicar un ajuste de 9 millones de euros y en el mes de julio pedir al gobierno un anticipo para poder cubrir el total de la nómina. A los presupuestos para 2018 se llega sin contrato programa, con los remanentes agotados, con el gobierno incrementando la subvención tan sólo en un 3,7% e imponiendo unas medidas salariales que representan ya un incremento del gasto del 3%. El hachazo del ejecutivo a la Universidad provoca la reacción del Consejo de Dirección de la Universidad y de los estudiantes que se echan a la calle. El sector moderado del ejecutivo -el consejero de Educación- abre los cauces de negociación que se empeñan en cerrar los duros del gobierno -el portavoz y el consejero de Hacienda- con sus manifestaciones incendiarias contra la Universidad.
Recién estrenado 2018 y con una subvención nominativa de 140 millones de euros, un 3,7% más que el año anterior la Universidad tiene que aplicar las medidas de personal decididas por el gobierno que, en la práctica, se comen toda la subida. No quedan fondos adicionales para políticas educativas y mejora de las enseñanzas, ni tan siquiera para hacer frente al posible incremento de los gastos corrientes de funcionamiento derivados del incremento de la inflación.
La realidad es que la Universidad se ha visto obligada a reducir su presupuesto desde los 246 millones iniciales de 2015 a los 219,77 en 2018.
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