Era mala señal el aviso que el Ministerio de Hacienda hizo al ejecutivo autonómico en diciembre y que llegaba tras otro que le había hecho a finales de octubre, diciéndole que o cumplía con la disciplina presupuestaria o que se preparase para ser intervenida y recibir a los hombres de negro. Que las finanzas de la Junta tienen graves problemas de liquidez, es sabido. Que ha recortado gasto público esencial para tratar de cumplir con el objetivo de déficit tras haber derrochado dinero en temas menores, también.
Así las cosas, habrá que esperar al mes que viene a conocer por otras vías a cuánto ascienden los recortes insolidarios del ejecutivo del presidente García-Page, eso que dijo que iba a hacer y que finalmente no ha hecho. La cosa -dicen- supera los quinientos millones de euros.
Los recortes no han afectado a la privatización de la sanidad. Muy al contrario, los fondos destinados a la sanidad privada han superado los de los años anteriores y los aprobados por el Parlamento. Por eso cree este gobierno de transparencia opaca que mejor que no se sepa exactamente cuánto más ha metido a la sanidad privada. Y alguien debería explicar cómo si la sanidad pública funcionando como nunca -palabra del gobierno- se ha metido más dinero a la privada. Cómo con ese exceso de dinero se han pagado menos derivaciones quirúrgicas que un año antes con menos dinero.
Y claro lo de la sanidad huele mal, muy mal. Y ahora que el gobierno regional (este, el de aquí, el del presidente García-Page y del vicepresidente García Molina, que se reunió en pleno “procés” con el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras, hoy en la cárcel como presunto delincuente de rebelión y sedición) prepara para este año una puesta en escena del no va más para lavarse el pecado y celebrar la Constitución. Menos teatro y más fuero. La Constitución se festeja con actos, pero también y sobre todo tratando de hacer efectivo su espíritu y su contenido día a día.
Hoy traemos a esta crónica el derecho a la protección de la salud, reconocido como derecho social, y que se encuentra su ubicación entre los "Principios rectores de la política social y económica" de la Constitución Española de 1978 (artículo 43 en concordancia con el 9, 41,49, 50, 51, 129, 148 y 149. La Constitución encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Y que se sepa mala tutela y mala organización es esa de tener a un paciente más de un año en lista de espera. Peor es que pasado ese tiempo se le llame para decirle que si quiere se le va a operar a más de 250 kilómetros de su casa por otros médicos y en fechas intempestivas. Y si el paciente duda o dice que prefiere esperar un poco más, pues oficialmente deja de existir, ya no está en la lista, ya no existe. Como alguna organización en defensa del paciente o algún despacho jurídico den un paso al frente, a este gobierno le puede caer una lluvia de demandas por vulneración de derechos. Y es que a los gestores de la sanidad les ha dado por borrar de las listas a cuantos más pacientes mejor, porque las cifras eran ya insostenibles, en lo ético y en lo estético. Los poderes públicos –léase la Junta- deben garantizar la atención sanitaria. Esa debe ser su preocupación. Y si los gestores no sirven, pues a dimitir. No pasa nada. No se puede aceptar estoicamente el trato que los gestores sanitarios están dando a los ciudadanos, un trato con el que buscan no atender el derecho constitucional a la salud, sino mejorar las estadísticas de su incompetencia a costa de los derechos sociales. Eso lo haga este gobierno o cualquier otro no es defender el estado social, es todo lo contrario.
Nadie duda de que los datos publicados por el gobierno en el portal de transparencia sobre la lista de espera quirúrgica no sean reales. Lo contrario, sería una falsedad documental muy grave. La cuestión que todavía no ha aclarado el gobierno es cómo ha llegado a esa realidad. Cómo ha dado de baja a casi 2.500 pacientes de traumatología en el mes de diciembre en lista de espera en cinco hospitales. Porque esos centros y el sistema en general no tiene capacidad de ese ritmo quirúrgico en un mes de diciembre. Al gobierno le bastaría con publicar el número de intervenciones de traumatología realizadas en esos seis hospitales ese mes de pacientes en lista de espera. Pero esos datos que le han sido solicitados están junto a la ejecución de los ingresos y gastos de diciembre, cerrados bajo siete llaves, no vaya a ser que sean malos malísimos peores que los de su enemiga, Cospedal. Si las matemáticas no engañan y teniendo en cuenta los estándares óptimos, es decir el mejor escenario para el gobierno, en los quirófanos reservados para este servicio se tendrían que haber operado a 500 pacientes de media en cada uno de los hospitales, a razón de 5 pacientes a la hora y eso doblando turnos, incrementando personal y abriendo camas para aquella cirugía mayor que precisase de hospitalización.
Si (
No(
