El nuevo Estatuto de CLM arranca su andadura en el Congreso con sintonía entre PSOE y PP, pero con reproches cruzados

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha defendido ante la Cámara que el proyecto es fruto de un “consenso real y constitucionalista” y ha subrayado que Castilla-La Mancha “se ha consolidado como un hecho irreversible en el sentimiento de la gente”. Page ha recordado que el PSOE ha gobernado la comunidad “salvo cuatro años”, algo que considera “un aval de estabilidad y confianza”.

Desde el PP, su presidente regional, Paco Núñez, ha celebrado el acuerdo con los socialistas y ha reivindicado que el nuevo Estatuto “no pide privilegios, pide igualdad”. Ha afirmado que la región “no se construye contra nadie, sino con todos”, y ha pedido que el texto sirva para abrir “un tiempo nuevo” en Castilla-La Mancha. También ha insistido en la necesidad de garantizar la gestión del agua “como motor de desarrollo y riqueza” para la comunidad.

La portavoz socialista en las Cortes, Ana Isabel Abengózar, ha puesto en valor que el texto “no deja a nadie fuera” y refuerza la igualdad, la identidad rural y la lucha contra la despoblación. “Representa la Castilla-La Mancha de hoy y consolida cuarenta años de autogobierno y progreso”, ha señalado.

Podemos y Sumar se desmarcan del consenso

Podemos ha anunciado su abstención, al considerar que el nuevo Estatuto es “orgullosamente bipartidista” y “blinda la austeridad”. Su diputado Javier Sánchez Serna ha denunciado que el texto “subordina toda la política social a la estabilidad presupuestaria”, lo que -a su juicio- limita la capacidad de reacción ante futuras crisis. También ha propuesto elevar el número de diputados en las Cortes y crear una sexta circunscripción autonómica “para no dejar sin representación a ningún voto de la izquierda”.

Sumar, por su parte, votará a favor de la tramitación, pero condiciona su apoyo definitivo a la incorporación de nuevos derechos. La diputada Engracia Rivera ha reclamado que el texto reconozca el derecho a la vivienda y al aborto, y ha criticado que el debate se haya limitado “a la aceptación de PSOE y PP”. “La vivienda se ha convertido en un lujo y es obligación del Gobierno ofrecer soluciones”, ha defendido. También ha pedido garantizar la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema público, recordando que “más del 60% de las intervenciones se realizan fuera de la región”.