El CPFF, convocado por el Gobierno para fijar los objetivos de estabilidad financiera de cara a los Presupuestos de 2026, abordará también el estado de la reforma del modelo, caducado desde 2014. Hacienda trabaja en una propuesta para esta legislatura, aunque la ministra María Jesús Montero ha advertido de que el lunes no se debatirá el sistema de financiación, sino la senda fiscal.
Varias comunidades del PP han anticipado sus posiciones. Andalucía reclamará 4.000 millones en financiación extra; Madrid insiste en actualizar un modelo “agotado”; la Comunidad Valenciana volverá a denunciar la infrafinanciación; Galicia, Murcia y Castilla y León reprochan al Gobierno falta de seriedad y piden un debate real que tenga en cuenta factores como la dispersión o el envejecimiento. Baleares exige un borrador del nuevo modelo y la apertura formal del diálogo a todas las autonomías.
En el bloque socialista afloran discrepancias. El presidente catalán, Salvador Illa, defiende una financiación singular para Cataluña “desde la solidaridad”, y reivindica la condonación de deuda. En cambio, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, rechaza privilegios: todas las comunidades son “singulares”, ha dicho, y exige que el debate se celebre en el CPFF y sin negociaciones bilaterales.
Asturias y Canarias esperan avances en estabilidad y entregas a cuenta, además de criterios como población ajustada o insularidad en el nuevo modelo.
Montero atribuye el bloqueo al PP y acusa a los populares de no consensuar una postura común entre sus gobiernos autonómicos. La reforma, ha subrayado, dependerá finalmente de los votos del Congreso.
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