El análisis abarca a 40 entes que conforman el Sector Público Autonómico: los órganos de la Administración General —nueve, incluyendo todas las consejerías y el Consejo Consultivo— y el sector público institucional, compuesto por cinco organismos autónomos, tres entidades de derecho público, once fundaciones y ocho empresas públicas. A este listado se suma también la Universidad de Castilla-La Mancha y dos entidades vinculadas.
El informe recuerda que todos estos organismos están obligados a remitir información detallada sobre su actividad contractual a distintas plataformas del Tribunal de Cuentas y de las administraciones autonómica y estatal. Sin embargo, el examen del inventario oficial de entidades públicas revela que 12 de ellas no han validado ni actualizado sus datos, una de las principales incidencias detectadas.
En 2022, los entes del sector público remitieron información sobre 49.629 contratos, por un valor conjunto de 1.186 millones de euros. La inmensa mayoría —el 98,38%— corresponde a obras, suministros y servicios, siendo estos dos últimos los más frecuentes. Además, 269 contratos superaron los umbrales del artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público, lo que obligó a acompañarlos del correspondiente extracto del expediente. Su importe total asciende a 751 millones.
Por volumen económico, los organismos autónomos concentran casi la mitad de la contratación (48,68%), una cifra marcada por el peso del Sescam, que representa el 98,87% dentro de este grupo. La Administración General supone el 38,08% del total, con la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas como el departamento con mayor actividad (28,45% de la Administración General).
La Cámara de Cuentas también detecta deficiencias en materia de publicidad y accesibilidad de la información contractual. Aunque la mayoría de los entes utilizan la Plataforma de Contratos del Sector Público, varios departamentos y organismos con sede electrónica propia no incluyen en ella el enlace a su perfil del contratante, un requisito establecido por la normativa autonómica. En cuanto a la planificación, casi todas las consejerías y organismos autónomos contaban con un plan de contratación para 2022, pero esta previsión no es extensiva al resto de entidades.
El informe concluye con 23 observaciones y nueve recomendaciones. Entre ellas, destaca la necesidad de regular el régimen jurídico del sector público autonómico —especialmente el institucional— para garantizar una supervisión continua y homogénea de su actividad contractual.
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