El plan contempla la concesión directa de subvenciones por parte del SEPE para que los ayuntamientos contraten a personas desempleadas en obras y servicios de interés general. Es decir, empleo temporal vinculado a tareas de reconstrucción. Sobre el papel, la medida conjuga dos objetivos: reparar infraestructuras dañadas y dar trabajo a quienes están en paro. En la práctica, el éxito dependerá de la rapidez administrativa y de la capacidad de los consistorios para gestionar los fondos sin que se diluyan en trámites, retrasos o contrataciones de corto recorrido.
Cincuenta millones pueden parecer una cifra elevada, pero repartidos entre decenas de municipios y tras descontar costes salariales, cotizaciones y materiales, el margen se reduce notablemente. Si el objetivo es reconstruir caminos rurales, reparar instalaciones municipales, acondicionar redes de saneamiento o limpiar cauces, la cuantía podría quedarse corta. El riesgo es evidente: contratos de duración limitada que alivian coyunturalmente el desempleo, pero que no generan tejido económico estable ni resuelven las carencias estructurales agravadas por las inundaciones.
Más llamativa resulta la rebaja extraordinaria de 35 a 5 jornadas reales cotizadas para que los trabajadores agrarios eventuales puedan acceder al subsidio por desempleo en municipios de Andalucía incluidos en el Sistema Especial Agrario. La decisión reconoce una realidad incuestionable: muchos jornaleros no han podido completar las peonadas mínimas debido a los daños en explotaciones agrícolas. Pero también introduce un debate político recurrente sobre la excepcionalidad permanente de las condiciones del subsidio agrario y la falta de reformas profundas en un sector sometido a la precariedad cíclica.
El decreto considera además situación de fuerza mayor a los trabajadores de empresas y cooperativas afectadas e incluso habilita la suspensión o reducción de jornada en el empleo del hogar familiar, permitiendo acceder a la prestación contributiva sin carencia previa. Son medidas que buscan blindar ingresos en un contexto de emergencia, aunque su carácter temporal vuelve a poner el foco en la ausencia de un plan integral de resiliencia frente a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes.
Porque el problema de fondo no es solo laboral, sino estructural. Las borrascas Leonardo y Marta han evidenciado la vulnerabilidad de infraestructuras, explotaciones agrarias y servicios municipales ante episodios extremos. En ese contexto, el Gobierno opta por un paquete de respuesta social inmediata, pero sin detallar un calendario claro de ejecución, mecanismos de evaluación ni coordinación específica con comunidades autónomas y diputaciones provinciales.
La política de emergencia tiene un alto valor simbólico y un indudable efecto paliativo, pero corre el riesgo de convertirse en una sucesión de parches si no se acompaña de inversión estratégica en prevención, ordenación del territorio y modernización de infraestructuras hidráulicas. Si el empleo creado es efímero y la reconstrucción no se traduce en proyectos transformadores, los 50 millones quedarán como una cifra de impacto en un Consejo de Ministros, pero insuficiente para cambiar el escenario de vulnerabilidad que las lluvias han vuelto a dejar al descubierto.
La cuestión no es si había que actuar —era imprescindible—, sino si esta es la dimensión adecuada de la respuesta. Y, sobre todo, si dentro de unos meses los municipios afectados podrán afirmar que no solo se taparon los daños, sino que se reforzó su capacidad para resistir la próxima tormenta.
Si (
No(
