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Podemos lanza un programa social de más de 1.000 millones de euros anuales, que espera que sea asumido por García-Page

Podemos lanza un programa social de más de 1.000 millones de euros anuales, que espera que sea asumido por García-Page

lunes 26 de febrero de 2018, 14:10h

El secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, ha presentado el trazo grueso de su programa electoral y de gobierno para Castilla-La Mancha bajo la denominación estrategia 9/19. Un proyecto que contempla nueve medidas orientadas, como ha señalado, “al desarrollo económico y social de la Comunidad”. Las principales líneas están dirigidas a colectivos concretos, como mujeres con pensiones mínimas de viudedad, estudiantes universitarios, autónomos y pensionistas en general. Aunque no ha facilitado la ficha financiera de este programa, los cálculos de las medidas propuestas sobrepasan el coste de 1.000 millones de euros anuales y van desde un complemento regional para igualar la pensión de viudedad al salario mínimo, hasta subvencionar la cuota a todos los autónomos, la matrícula universitaria gratuita o eliminar el copago farmacéutico para pensionistas, la entrada gratuita a museos, el bono social de telefonía e internet o incentivar la visita de residentes a Castilla-La Mancha mediante un programa que ha denominado de “invitación a conocer Castilla-La Mancha”.

García Molina ha apuntado que su implantación sería gradual en algunas de las medidas y que el gasto sería dinamizador de ingresos mediante generación de actividad económica. Algunas de las medidas ya están en funcionamiento en el gobierno actual, aunque con programas menos ambiciosos. Molina ha señalado que su intención es que el programa sea asumido por sus socios de gobierno, el PSOE, y se incorpore a los presupuestos de 2019 e incluso al de este año. Pero ha reconocido que aún no se han producido conversaciones sobre el particular. El secretario general de Podemos no ve en este proyecto el motivo que pueda provocar una ruptura y su salida del gobierno del presidente García-Page porque, según ha afirmado: “estoy convencido que lo van a asumir”.

Buena parte de las preguntas de los periodistas congregados ha sido para tratar de aclarar el coste del programa y si era o no viable económicamente. García-Molina ha señalado que todavía no tienen todos los datos, que los están ultimando y están siendo estudiados por un equipo de expertos entre los que se cuenta personal de la Universidad regional, pero que el programa es factible desde el punto de vista económico.

La propuesta de que el gobierno de Castilla-La Mancha complemente las pensiones de viudedad hasta el salario mínimo interprofesional afectaría a un colectivo en torno a 10.000 pensionistas que en la actualidad cobran menos de 7.200 euros anuales. El impacto inicial de esta propuesta no ha sido cuantificado por el secretario general de Podemos, pero alcanzaría los 25 millones de euros anuales. En 2018 el gobierno regional tiene un programa de apoyo que alcanza con un presupuesto de 700.000 euros, que contempla el reparto de ayudas de un máximo de 1.000 euros por pensionista.

Otra de las medidas estrellas sería la de la gratuidad de la matrícula universitaria. Esa medida en el segundo año y sucesivos sería aplicable a la cuantía de créditos aprobados el año anterior (en la actualidad la medida afecta a los estudiantes que obtengan un 10 en las calificaciones de esos créditos) en un mismo nivel educativo y titulación. La Universidad de Castilla-La Mancha tiene previsto en su presupuesto para 2018 ingresar 37,5 millones de euros en concepto de tasas de matrícula. Esta medida haría gratuita la escolarización desde los 3 años hasta la salida de la Universidad. A preguntas de clm21.es sobre el tramo de entre 0 y 3 años, García Molina, ha señalado que “las guarderías también son esenciales para facilitar la incorporación de las mujeres al mercado laboral”, sin precisar las actuaciones en esta materia, añadiendo que “hemos empezado con lo más prioritario”.

El tercer gran titular, el de subvencionar el cien por cien el coste de la cuota a la seguridad social de los autónomos de Castilla-La Mancha, se matiza en el documento que ha sido entregado a los periodistas al señalar que esa propuesta se hará de forma gradual y que irá inicialmente destinado a jóvenes trabajadores (de entre 16 y 31 años) inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que se irá extendiendo al resto de segmentos de población. En la prioridad inicial no se contempla a los desempleados mayores de 45 años, que representan más del 40% de los parados de Castilla-La Mancha

En la actualidad Castilla-La Mancha supera los 148.000 autónomos. Si todos ellos cotizaran por la base mínima, que no es el caso, el coste de la medida totalmente implantada no bajaría de los 500 millones de euros anuales.

Podemos plantea también en su Estrategia 9/19 la eliminación de todo tipo de copago farmacéutico y de productos orto-protésicos en Castilla-La Mancha, con lo que pretende beneficiar “a todas aquellas personas y colectivos afectados por la ley estatal de copago farmacéutico, con especial atención a personas con enfermedades crónicas, diversidad funcional, pensionistas y personas en situaciones socioeconómicas de riesgo”. En la actualidad, el coste que soporta el presupuesto por devolución de recetas médicas es de casi 20 millones de euros al año. La medida afectaría parcialmente a otras partidas del gasto farmacéutico. La factura de medicamentos le cuestan al Ejecutivo 520 millones en pago de recetas por orden de dispensación en las farmacias. A esa cuantía hay que sumar otros 173,5 millones de euros de farmacia hospitalaria y 7,75 millones de euros en retrovirales para el tratamiento de la hepatitis C. El presupuesto del gobierno regional para este año en concepto de productos orto-protésicos es de 2,5 millones de euros.

La entrada gratuita a museos e instalaciones culturales de Castilla-La Mancha tampoco se ha cuantificado. En la actualidad, entre museos, parques y yacimientos arqueológicos hay en nuestra Comunidad 18 centros regionales.

Además, Podemos plantea un bono social de telefonía y acceso a internet dirigido a personas con difícil acceso a las TIC y susceptibles de caer en la brecha digital, en las que ha incluido a los colectivos más desfavorecidos, también a parados de larga duración, a autónomos y pymes especialmente de zonas rurales.

Cuando clm21.es le ha planteado que el coste de las medidas supondría en su conjunto un impacto superior a los 1.000 millones de euros anuales, García Molina ha manifestado que “eso es viable”. Ha señalado que el déficit de financiación del Estado está en torno a los 1.100 millones de euros y que “la implementación sería gradual” y que además de gasto generaría ingresos al dinamizarse la economía, al poner en manos de los castellano-manchegos más dinero, fomentando el consumo. Asimismo, ha señalado que estas medidas son complementarias y “en algún caso, incompatibles con la renta básica de solidaridad”. Molina que ha mantenido que estas medidas se harían sin incrementar los impuestos autonómicos, en otro momento de su intervención ha apuntado a un incremento de la recaudación -sin determinar a través de qué administración, si la estatal o la autonómica- del impuesto a los que tienen más recursos citando expresamente a las entidades financieras y grandes empresas, poniendo por ejemplo el modelo de Portugal.

Habida cuenta de que el Plan de Garantías Ciudadanas que Podemos coordina en el gobierno regional mantenía sin ejecutar seis de sus trece partidas en noviembre, García Molina está convencido de que hay capacidad en el gobierno para sacar adelante la “Estrategia 9/19”.

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