Según han confirmado fuentes de la investigación a varios medios y a la agencia EFE, la actuación consiste en un requerimiento de documentación relacionada con presuntos pagos a la exmilitante socialista Leire Díez, investigada por una supuesta operación para obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil vinculados a causas que afectan al entorno del PSOE y del Gobierno.
La investigación se instruye en una pieza separada y secreta abierta por el magistrado de la Audiencia Nacional, que también ha ordenado diligencias en domicilios vinculados al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y al empresario Javier Pérez Dolset.
Diversas informaciones apuntan además a la imputación de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, dentro de una causa en la que se investigan presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y falsedad documental, entre otros.
Las pesquisas tratan de determinar si existió una estructura organizada para financiar campañas de descrédito contra miembros de la judicatura y de las fuerzas de seguridad mediante pagos presuntamente encubiertos con facturas falsas. No obstante, por el momento no consta una acusación formal por financiación ilegal del PSOE en los términos previstos en el Código Penal.
Fuentes socialistas han trasladado un mensaje de “tranquilidad” y han asegurado que el partido colaborará con la Justicia aportando toda la información requerida. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha señalado desde Roma que se trata de una petición de documentación y no de un “registro” en sentido estricto.
La actuación de la UCO ha provocado una inmediata reacción política. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado de nuevo elecciones anticipadas y ha asegurado que la situación del Ejecutivo es “agónica”.
Por su parte, en Castilla-La Mancha el gobierno socialista de la región ha expresado su inquietud por el registro y la portavoz del ejecutivo regional, Esther Padilla, ha reclamado un diálogo interno dentro del partido.
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