Así lo ha señalado este miércoles la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, durante una rueda de prensa en Toledo, donde ha explicado que la creación de estas unidades requiere contar con un número suficiente de profesionales sanitarios.
“Tampoco nos engañemos. Que haya un único profesional en un centro no será suficiente”, ha afirmado Padilla, quien ha insistido en que para poner en marcha estas unidades es necesario disponer de equipos completos y garantizar la viabilidad asistencial del servicio.
Las declaraciones llegan después de que la Cadena Ser publicara informaciones en las que algunos profesionales sanitarios aseguraban que sí existen ginecólogos dispuestos a practicar abortos en la sanidad pública regional, aunque denunciaban que determinadas jefaturas de servicio o gerencias objetoras estarían frenando el desarrollo de esta prestación.
Sobre estas manifestaciones, la portavoz del Gobierno castellanomanchego ha vinculado este cambio de postura a la entrada en funcionamiento del registro de objetores de conciencia. “Lo que decían es que eran objetores. No había disponible nadie. Ahora que se tienen que inscribir, pues entonces sí, alguno parece ser que ha salido diciendo ‘oye, yo estoy dispuesto’”, ha afirmado.
El Ejecutivo autonómico lleva meses trabajando para adaptar la red sanitaria pública a la nueva regulación estatal sobre salud sexual y reproductiva, que obliga a las comunidades autónomas a garantizar la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo en hospitales públicos. Hasta ahora, esta prestación se venía realizando principalmente a través de clínicas concertadas fuera del sistema hospitalario público regional.
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