La distribución fue ratificada por todas las comunidades autónomas en una reunión presidida por el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, quien destacó el consenso alcanzado entre administraciones de distinto signo político para afrontar uno de los principales problemas que preocupan a la ciudadanía.
El nuevo plan triplica los recursos destinados a políticas de vivienda respecto a programas anteriores y establece un modelo de financiación compartida en el que el Gobierno central aportará el 60% de los fondos y las comunidades autónomas el 40% restante.
De los 7.000 millones previstos para el periodo 2026-2030, un total de 800 millones corresponden a la anualidad de 2026 y serán distribuidos entre las autonomías. Las mayores asignaciones globales corresponden a Andalucía, con 1.197 millones de euros; la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones; y Cataluña, con 1.015 millones.
Según los criterios aprobados, al menos el 40% de los recursos deberá destinarse a la construcción y adquisición de viviendas, mientras que un 30% se reservará para la rehabilitación del parque residencial existente. El 30% restante se dedicará a medidas de protección dirigidas a colectivos vulnerables y a territorios con mayores necesidades.
Entre las novedades del plan figura la protección permanente de las viviendas construidas con financiación pública, con el objetivo de garantizar que permanezcan dentro del parque asequible a largo plazo. Además, se incorporan mecanismos de control y transparencia en la adjudicación de viviendas protegidas mediante una cláusula antifraude.
El Ministerio de Vivienda también ha anunciado medidas orientadas a reforzar la cohesión territorial y la creación de un sistema público de datos que permita a ciudadanos y administraciones acceder a información más transparente sobre el mercado de la vivienda.
Con estos 280 millones de euros, Castilla-La Mancha dispondrá de uno de los mayores volúmenes de financiación estatal en materia de vivienda de los próximos años, en un contexto marcado por el aumento de la demanda residencial y las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes y los hogares con menores ingresos.
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