Fuentes de la Consejería de Bienestar Social han confirmado que la Junta no ha sido informada hasta el momento del inicio de estos traslados, después de que miles de personas cruzaran la frontera de Ceuta a finales de julio. El Gobierno castellanomanchego asegura que la única información oficial que ha recibido sobre este asunto corresponde a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el pasado 13 de agosto.
En aquella reunión, el Ejecutivo central ratificó su intención de conceder un crédito extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para reforzar la atención de los menores migrantes no acompañados.
La Junta también señala que todavía se están tramitando los expedientes correspondientes a menores que permanecen en Canarias desde la crisis migratoria del verano pasado, una circunstancia que añade presión al sistema de protección de menores de las comunidades autónomas.
El Gobierno anuncia un reparto "equitativo"
La falta de comunicación concreta a Castilla-La Mancha contrasta con el anuncio realizado este jueves por el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, quien ha defendido la necesidad de acelerar el traslado de 500 menores, principalmente niñas, desde Ceuta a la península.
En una entrevista en la Cadena SER, Pérez Correa ha asegurado que el reparto entre las comunidades autónomas será "equitativo" y ha explicado que se utilizarán mecanismos y plazas ya existentes, entre ellas algunas vinculadas al dispositivo diseñado para atender a menores procedentes de Canarias.
El secretario de Estado ha justificado la urgencia de la operación por la elevada vulnerabilidad de parte de las menores. Según ha explicado, en el sistema de protección de Ceuta hay un porcentaje "altísimo" de niñas y algunos casos corresponden a menores de tan solo 10 y 11 años.
El Gobierno central calcula que alrededor de 2.500 menores entraron en Ceuta a finales de julio, aunque Pérez Correa ha advertido de que la cifra podría ser superior y ha reconocido las dificultades para cuantificar con precisión la situación debido a las especiales características territoriales de la ciudad autónoma.
La Junta reclama un reparto como el del resto de comunidades
Castilla-La Mancha ha mantenido en las últimas semanas que su participación en el sistema de acogida debe producirse en las mismas condiciones que para el resto de comunidades autónomas.
El vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, defendió el pasado 5 de agosto que la acogida debía realizarse "por igual que el resto de las comunidades autónomas de España".
Por el momento, sin embargo, el Ejecutivo autonómico asegura que no conoce cuántos menores podrían ser derivados a Castilla-La Mancha ni cuándo se producirían esas derivaciones.
La cuestión podría abordarse de manera más concreta en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia del próximo jueves 27 de agosto, presidida por la ministra Sira Rego y a la que están convocadas las comunidades autónomas con competencias en materia de infancia.
La presión sobre Ceuta acelera el dispositivo
El Gobierno central pretende activar un mecanismo más rápido que el utilizado hasta ahora para afrontar la situación de Ceuta. Pérez Correa ha explicado que parte de las plazas podrían proceder de dispositivos que ya están operativos y que atienden a menores trasladados desde Canarias, mientras que otras derivaciones se canalizarían a través de entidades que trabajan con el Ministerio de Inclusión y con la propia ciudad autónoma.
El secretario de Estado ha señalado que el objetivo es alcanzar acuerdos con las entidades y obtener la aceptación de Ceuta para ejecutar los traslados.
El Ejecutivo central también ha advertido de que las comunidades autónomas deberán cumplir el mecanismo establecido legalmente para el reparto. Pérez Correa ha asegurado que, en caso de incumplimiento, la Fiscalía de Menores y los organismos competentes podrán intervenir.
En este escenario, Castilla-La Mancha afronta la próxima Conferencia Sectorial sin haber recibido todavía una comunicación oficial sobre el número de menores que podría tener que incorporar a su sistema de protección, a la espera de que el Gobierno concrete el mecanismo y los criterios definitivos de reparto.
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