La propuesta forma parte de un informe elaborado por Judith Arnal sobre las implicaciones para España del denominado 'China shock 2.0', una nueva fase de la competencia industrial china en la que el gigante asiático ya no se limita a ganar cuota de mercado mediante las exportaciones, sino que está instalando capacidad productiva directamente en Europa en sectores estratégicos como el automóvil, las baterías, la electrónica, la maquinaria o la química.
Fedea considera que España debe mantener una posición abierta ante estas inversiones, especialmente por su condición de segundo productor de automóviles de la Unión Europea y por no contar con un gran fabricante de capital nacional. Sin embargo, advierte de que apertura no debe equivaler a aceptar cualquier proyecto ni a competir entre administraciones mediante mayores incentivos públicos.
14.500 millones anunciados, pero solo 1.700 millones ejecutados
Uno de los principales focos de preocupación del informe es la distancia existente entre las cifras anunciadas por las empresas y la inversión que finalmente llega a materializarse.
Fedea estima en aproximadamente 14.500 millones de euros las operaciones de capital chino en España desde 2019, aunque la mayor parte se concentra a partir de 2024. De esta cantidad, únicamente 1.700 millones corresponden a operaciones ya completadas, mientras que otros 6.100 millones están actualmente en construcción y 6.800 millones son todavía anuncios no materializados.
La Fundación considera que esta diferencia obliga a cambiar el enfoque de las políticas de apoyo público. La referencia para evaluar el impacto de la inversión extranjera, sostiene, no debería ser el volumen de capital anunciado, sino la inversión que finalmente se ejecuta y su capacidad para generar actividad económica permanente.
Por ello, plantea que las ayudas públicas se desembolsen de forma vinculada al cumplimiento de objetivos concretos y verificables.
Evitar una carrera a la baja entre las comunidades
Fedea también alerta del riesgo de que las distintas administraciones públicas compitan entre sí para atraer grandes proyectos industriales mediante paquetes crecientes de subvenciones, bonificaciones y otros incentivos.
Para evitarlo, propone crear un registro único de ayudas y compromisos que permita conocer el volumen total de apoyo público recibido por cada proyecto, comparar las ofertas realizadas por las distintas administraciones y comprobar posteriormente si las inversiones y compromisos anunciados se han cumplido.
En los grandes proyectos, además, recomienda que España consulte de forma temprana con la Comisión Europea, especialmente para evitar que la acumulación de ayudas españolas con subvenciones procedentes de otros países pueda entrar en conflicto con las normas del mercado interior.
El objetivo, según Fedea, no es cerrar la puerta a la inversión china, sino garantizar que el dinero público genere un retorno industrial suficiente para la economía española.
Más empleo, proveedores locales y valor añadido
El informe considera que las denominadas condiciones industriales —empleo, formación, utilización de proveedores locales o generación de valor añadido— deben establecerse exclusivamente a través de las bases reguladoras de las subvenciones y aplicarse con independencia de la nacionalidad del inversor.
Esta distinción resulta especialmente relevante ante la llegada de plantas industriales de capital chino. Fedea no propone prohibir las instalaciones dedicadas al simple ensamblaje, pero sí advierte de que no deberían recibir el mismo nivel de apoyo público que proyectos con una integración industrial mucho mayor.
Así, una fábrica que incorpore actividades de estampado, soldadura, ingeniería y desarrollo de proveedores locales debería poder justificar un mayor retorno económico que una instalación limitada fundamentalmente al ensamblaje de componentes.
Cuando existan subvenciones públicas, Fedea plantea que estas se vinculen a una trayectoria verificable de integración productiva y a la consecución de una verdadera autonomía operativa, incluida la capacidad en áreas como las licencias, el software o la formación de trabajadores.
Fedea pide ampliar el control sobre las nuevas plantas
El informe también reclama una modificación del sistema español de control de inversiones extranjeras para adaptarlo a la nueva realidad industrial.
Según Fedea, la regulación actual está diseñada principalmente para operaciones que implican cambios de titularidad o toma de control de empresas ya existentes, lo que deja fuera determinadas inversiones de nueva planta ('greenfield') y ampliaciones sustanciales de filiales controladas por inversores extranjeros.
La Fundación considera necesario cubrir expresamente estas operaciones cuando afecten a sectores estratégicos, mediante umbrales y criterios previsibles que permitan determinar cuándo deben ser sometidas a examen.
No obstante, subraya que este mecanismo debe utilizarse exclusivamente para afrontar riesgos concretos para la seguridad, la salud o el orden público y no convertirse en una herramienta para imponer de forma general requisitos de contenido nacional o transferencias tecnológicas.
El nuevo 'China shock' amenaza al núcleo industrial europeo
Fedea enmarca sus propuestas en la transformación de la relación económica entre Europa y China. Si el primer 'China shock' estuvo asociado fundamentalmente a la entrada masiva de bienes de consumo fabricados en el país asiático, el nuevo escenario afecta directamente al núcleo industrial europeo.
China está aumentando su presencia en sectores considerados estratégicos y compite tanto mediante sus exportaciones como mediante la instalación de fábricas en territorio comunitario.
España presenta, según Fedea, una exposición inferior a la de las economías europeas más vulnerables, situándose en la mitad inferior de los 27 Estados miembros. Sin embargo, existen elementos específicos de riesgo.
China se ha convertido desde el primer semestre de 2026 en el principal proveedor de España, mientras que el déficit comercial bilateral alcanza aproximadamente el 2,5% del PIB. España apenas compensa con sus exportaciones el 15,5% de las importaciones procedentes de China.
A ello se suma la concentración de las ventas españolas al mercado chino en determinados productos. El porcino constituye uno de los principales ejemplos, con exportaciones cercanas a 1.000 millones de euros en 2025, lo que aumenta la exposición de determinados sectores a posibles represalias comerciales de Pekín.
Fedea reclama una respuesta europea ante posibles represalias
Precisamente por esa vulnerabilidad, Fedea considera que las medidas de defensa comercial que pueda adoptar la Unión Europea frente a China deberían incorporar desde el principio una evaluación de los sectores y territorios potencialmente expuestos a represalias.
La Fundación reclama, además, mecanismos comunitarios de solidaridad que permitan compensar los efectos que eventuales medidas de respuesta de China puedan provocar sobre determinadas regiones o actividades económicas.
El planteamiento de Fedea pasa así por combinar apertura a la inversión extranjera, exigencia de retorno económico y coordinación europea, evitando tanto el cierre frente al capital chino como una competencia entre administraciones basada en quién ofrece más ayudas públicas.
La clave, según el informe, no está en cuánto dinero anuncia una multinacional que va a invertir en España, sino en cuánto capital acaba desembolsando, cuántos empleos genera y cuánto tejido industrial queda realmente instalado en el territorio.
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