El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció en enero de 2026 la futura plataforma Tierra Joven con el objetivo de movilizar unas 17.000 propiedades rústicas del Estado y facilitar su acceso preferente a jóvenes, mujeres y nuevos profesionales agrarios.
El problema que revela ahora el análisis de Cocampo es que el número bruto de fincas puede generar una impresión de disponibilidad de suelo muy superior a la realidad productiva. Tres cuartas partes de las propiedades patrimoniales tienen menos de una hectárea y solo 176 superan las diez hectáreas.
Además, el histórico de anuncios muestra que una parte de los activos ha reaparecido reiteradamente en los procesos de venta de la Administración, en un mercado en el que el tamaño, la localización, el agua, los accesos o la situación jurídica condicionan decisivamente el interés de los compradores.
El dato pone en cuestión la capacidad real de esta cartera para convertirse por sí sola en una bolsa significativa de suelo agrario para los jóvenes. No porque las parcelas pequeñas carezcan necesariamente de utilidad, sino porque la estructura de la oferta estatal no coincide con la dimensión que está adquiriendo la agricultura profesional española, donde el número de explotaciones se reduce mientras aumenta su superficie media.
Cocampo ha analizado las propiedades rústicas del Estado a partir de la información disponible en el Portal de Transparencia. La extracción realizada el 31 de agosto de 2026 recoge 16.485 registros rústicos, de los que 15.510 aparecen identificados como patrimonio del Estado. La cifra se aproxima a las 17.000 fincas anunciadas por el Gobierno en enero para favorecer el acceso a la tierra de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales agrarios, aunque el propio estudio advierte de que no todas esas propiedades tienen por qué ser aptas para la actividad agrícola.
Una oferta muy fragmentada
La radiografía de Cocampo muestra una cartera extraordinariamente fragmentada. De las 15.510 propiedades patrimoniales del Estado, 11.848 tienen menos de una hectárea, lo que supone el 76,4% del total. En superficie, estas pequeñas parcelas representan 4.174 hectáreas, el 17,4% del conjunto.
Hay 3.176 fincas de entre una y cinco hectáreas, 310 de entre cinco y diez, 136 de entre diez y treinta, 19 de entre 30 y 50 y 12 de entre 50 y 100. Solo nueve propiedades alcanzan o superan las 100 hectáreas. Estas nueve grandes fincas concentran, sin embargo, 7.816 hectáreas, el 32,6% de toda la superficie incluida en la cartera.
En términos globales, el Estado dispone de 23.953 hectáreas repartidas entre esas 15.510 propiedades. La superficie mediana es de apenas 0,416 hectáreas, mientras que el 95% de las fincas tiene menos de 3,65 hectáreas y el 99% menos de 10,7 hectáreas. Solo 176 propiedades superan las diez hectáreas y 40 las 30 hectáreas.
La comparación con la estructura productiva española resulta especialmente significativa. La explotación agraria media en España alcanza las 30,46 hectáreas de superficie agrícola utilizada, después de haber aumentado un 13,2% entre 2020 y 2023. En ese mismo periodo, el número de explotaciones se ha reducido un 12,4%, hasta 784.141. Es decir, la agricultura profesional está concentrando superficie mientras la cartera estatal se caracteriza por una elevada fragmentación de pequeñas propiedades.
El contraste es todavía mayor en Castilla-La Mancha, donde la superficie agrícola utilizada media por explotación se sitúa en 41,75 hectáreas, frente a las 30,46 hectáreas del conjunto nacional. La dimensión media de las explotaciones castellanomanchegas es, por tanto, casi un 37% superior a la española.
Fincas que llevan años intentando venderse
La dimensión no es el único problema que plantea la oferta estatal. El estudio de Cocampo aporta un segundo elemento relevante: una parte de estas propiedades lleva años formando parte de los procesos de venta del Estado.
El análisis histórico de los anuncios publicados en el BOE identifica 11.576 referencias catastrales rústicas distintas entre 2012 y 2026. De ellas, 3.409, el 29,4%, aparecen en más de una ocasión. Más de 1.300 referencias han llegado a aparecer cuatro o más veces.
La reiteración no demuestra por sí misma que una finca haya quedado desierta en cada proceso, ya que una misma propiedad puede aparecer por diferentes circunstancias o formar parte de distintos lotes. Pero sí resulta compatible con la dificultad que ha encontrado la Administración para movilizar determinados activos. El propio Estado contempla la posibilidad de volver a ofertar los bienes que no han encontrado comprador.
La trayectoria de ventas ayuda a poner en perspectiva la cifra de las 17.000 fincas. Entre 2012 y 2024 se produjeron al menos 14.822 operaciones de disposición de inmuebles rústicos, por un importe conjunto superior a 40,6 millones de euros. Solo en 2024 se contabilizaron 1.051 disposiciones por unos 5,19 millones de euros.
La conclusión es que la actual cartera no constituye una bolsa de suelo que haya aparecido de repente. Es el resultado de una acumulación histórica de patrimonio rústico que la Administración lleva años identificando, regularizando, gestionando y, en numerosos casos, intentando vender.
El campo necesita tierra, pero también explotaciones con escala
El problema aparece en un momento en el que el campo español afronta una profunda transformación estructural. Más del 40% de los titulares de explotaciones tiene más de 65 años, mientras los menores de 41 años representan alrededor del 9%. Paralelamente, entre 2020 y 2023 han desaparecido 110.914 explotaciones comparables, mientras la superficie agrícola utilizada apenas ha descendido un 1,6%.
La consecuencia es una progresiva concentración de la actividad agraria. Hay menos explotaciones, pero de mayor tamaño, una evolución vinculada a la búsqueda de economías de escala y a la necesidad de mantener la rentabilidad en un sector sometido a elevados costes de producción, inversiones crecientes y una mayor mecanización.
En este contexto, una cartera pública formada mayoritariamente por parcelas de menos de una hectárea tiene una capacidad limitada para cubrir directamente las necesidades de los nuevos agricultores. El propio estudio señala que solo 40 de las propiedades actuales alcanzan las 30,46 hectáreas, la superficie media de las explotaciones españolas, y únicamente nueve superan las 100 hectáreas.
La cuestión, por tanto, no es únicamente cuánta tierra está disponible, sino cuánta puede convertirse realmente en superficie agraria útil para un proyecto profesional.
Castilla-La Mancha, un caso donde la escala resulta especialmente relevante
Castilla-La Mancha aparece como un ejemplo especialmente representativo de esta tensión entre propiedad y dimensión productiva. La región cuenta con explotaciones de mayor superficie media que el conjunto nacional y mantiene un elevado peso económico del sector agroalimentario.
La Junta de Comunidades sitúa actualmente el peso del sector agroalimentario en torno al 17% del PIB regional y señala que genera más de un tercio de los euros procedentes de las exportaciones de Castilla-La Mancha. En 2025, las exportaciones agroalimentarias regionales superaron los 3.800 millones de euros.
El relevo generacional tiene, por tanto, una dimensión que trasciende la agricultura como actividad primaria y afecta directamente a una parte relevante de la economía regional. Desde 2015, Castilla-La Mancha ha facilitado la incorporación de 5.385 jóvenes a la actividad agraria, mientras que las convocatorias de ayudas a incorporación y modernización continúan movilizando decenas de millones de euros.
También existe un mercado activo de transmisión de suelo. En noviembre de 2025 se registraron en Castilla-La Mancha 1.738 compraventas de fincas rústicas, un 8,7% más que un año antes, según datos del INE recogidos por Cocampo. La cifra situó a la región como la cuarta comunidad con más operaciones, por detrás de Castilla y León, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
La experiencia regional muestra así que el acceso a la tierra no depende únicamente de incorporar nuevas parcelas al mercado público. La movilización de tierras privadas, las transmisiones por herencia, la concentración parcelaria, el arrendamiento y la agregación de explotaciones son piezas igualmente relevantes para facilitar la entrada de nuevos agricultores.
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