El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado este viernes en Las Pedroñeras (Cuenca) los principales puntos del acuerdo alcanzado el pasado lunes con representantes de UPA y ASAJA y responsables de las Consejerías de Agricultura y Desarrollo Sostenible.
La segunda medida pactada supone modificar el umbral de superficie a partir del cual se aplican las restricciones de 400 metros durante las épocas de riesgo alto y extremo de incendios. La superficie mínima pasará de cinco a 20 hectáreas, lo que, según ha explicado Martínez Guijarro, permitirá que aproximadamente el 50% de la superficie quede fuera de este tipo de restricciones.
El objetivo del acuerdo es facilitar el desarrollo de las labores de recolección de cereal y otros cultivos durante los periodos de mayor peligro de incendios, al tiempo que se mantienen medidas específicas de prevención en las zonas consideradas más sensibles.
Martínez Guijarro ha defendido que las modificaciones son fruto de la voluntad del Ejecutivo autonómico de buscar soluciones consensuadas con el sector agrario para compatibilizar la actividad agrícola con la prevención de incendios forestales.
El vicepresidente primero ha señalado que el acuerdo deberá trasladarse ahora a la normativa que regula las campañas de prevención y extinción de incendios en Castilla-La Mancha.
Más de 520 millones movilizados a través de los grupos de desarrollo rural
Martínez Guijarro ha hecho estas declaraciones durante su visita a la Cooperativa vitivinícola San Isidro Labrador de Las Pedroñeras, que ha incorporado nueva maquinaria y tecnología mediante programas de ayudas financiados con fondos europeos.
En concreto, la cooperativa ha recibido una ayuda del grupo de desarrollo rural ADI El Záncara, con cargo al programa LEADER, para mejorar su proceso de despalillado. La incorporación de nuevas tecnologías ha permitido, según los datos facilitados por el Gobierno regional, reducir a la mitad el consumo eléctrico del proceso y mejorar tanto la eficiencia energética como la calidad del producto final.
Durante la visita, el vicepresidente primero ha puesto en valor el papel de los grupos de desarrollo rural en la movilización de inversiones en los municipios y comarcas de Castilla-La Mancha.
Según los datos aportados por el Ejecutivo autonómico, durante la programación 2014-2022 estos grupos tramitaron más de 6.000 expedientes, que movilizaron una inversión superior a 520 millones de euros. La Junta cifra en dos euros de inversión privada por cada euro de fondos públicos movilizado y sitúa en 12.000 los empleos creados como consecuencia de estas actuaciones en las zonas rurales.
Martínez Guijarro ha estado acompañado durante la visita por el presidente de la cooperativa, José Luis García Checa; la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro; la presidenta del ADI El Záncara, Delfina Carrasco; la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López; el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la provincia, Rodrigo Fernández, y miembros de la dirección de la cooperativa.