El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha aprobado este martes la tramitación urgente de los reales decretos que permitirán crear 500 nuevas plazas judiciales y 200 fiscales en el conjunto de España durante 2027. De ellas, 21 de jueces y cuatro de fiscales corresponden a Castilla-La Mancha.
El anuncio llega después de que la presidenta del TSJCM, Pilar Astray, advirtiera el pasado 21 de septiembre, durante la apertura del año judicial, de que todavía quedaban 21 plazas de jueces y magistrados por cubrir en la región. Astray explicó entonces que el año anterior se habían identificado 42 plazas cuya cobertura era urgente y que solo se había resuelto la mitad. Las otras 21 seguían pendientes.
De esta forma, la nueva ampliación anunciada por el Ejecutivo coincide en número con el déficit que el máximo órgano judicial de Castilla-La Mancha acababa de poner sobre la mesa.
Una ampliación que llega con una justicia todavía sobrecargada
La reclamación del TSJCM no respondía únicamente a una cuestión de plantilla. La memoria judicial de 2025 reflejó que los órganos judiciales de Castilla-La Mancha recibieron 276.394 asuntos y resolvieron 264.952, pero, pese a esa capacidad resolutiva, la bolsa de procedimientos pendientes aumentó un 4,6%, hasta alcanzar los 220.858 asuntos al cierre del ejercicio.
La propia presidenta del TSJCM ha advertido reiteradamente de la falta de personal y medios y ha señalado que Castilla-La Mancha mantiene una de las ratios más bajas de jueces por habitante.
Por ello, la llegada de nuevas plazas supone un refuerzo reclamado por la Justicia regional, pero también pone de manifiesto la distancia entre las necesidades detectadas por los órganos judiciales y la dotación efectiva de medios.
No todas las necesidades señaladas por el TSJ coinciden con el reparto
El Ministerio señala que de las 21 plazas que llegarán a Castilla-La Mancha, 16 se destinarán a Tribunales de Instancia de localidades como Guadalajara, Ciudad Real, Albacete y Toledo, mientras que tres irán a Audiencias Provinciales y otras dos serán de adscripción territorial, de manera que podrán ser asignadas por el TSJ según las necesidades de la Administración de Justicia.
La distribución tiene especial relevancia porque el TSJCM había concretado unas semanas antes dónde se concentraban sus principales carencias.
Astray había señalado como especialmente urgente la cobertura de plazas en las Audiencias Provinciales de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Guadalajara. También había reclamado refuerzos en órganos unipersonales de La Roda, Ciudad Real, Almagro, Tomelloso, Tarancón, Orgaz y Valdepeñas, así como en las secciones de lo Social de Albacete y Guadalajara y en las secciones penales de Ciudad Real, Guadalajara, Albacete y Toledo. También había advertido de la falta de efectivos en Instrucción en Albacete.
El Ministerio, sin embargo, no detalla todavía en su comunicado el destino concreto de las 16 plazas correspondientes a los Tribunales de Instancia ni identifica cuáles serán las tres Audiencias Provinciales beneficiadas. Por tanto, habrá que esperar a la distribución definitiva para comprobar hasta qué punto las nuevas plazas responden a las prioridades planteadas por el TSJCM.
De 45 plazas reclamadas a 21 pendientes
La necesidad de reforzar la planta judicial de Castilla-La Mancha ya había sido puesta de manifiesto por el TSJCM antes del actual anuncio del Gobierno. En octubre de 2025, su presidenta, Pilar Astray, cifró en 45 los jueces que serían necesarios una vez culminara la tercera fase de implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Astray advertía entonces de que la reforma no alcanzaría sus objetivos si no iba acompañada de recursos suficientes y señalaba que el Consejo General del Poder Judicial había considerado prioritarias diez de las plazas reclamadas y otras cinco imprescindibles, aunque no prioritarias.
En septiembre de 2026, el TSJCM manejaba ya una cifra diferente: 42 plazas cuya cobertura consideraba necesaria. De ellas, 21 se habían incorporado y quedaban otras 21 por cubrir. La presidenta del Alto Tribunal regional calificó estas últimas como “muy necesarias” y situó entre las prioridades las Audiencias Provinciales de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Guadalajara, además de otros órganos judiciales de la región.
Pero el dato de creación de plazas no equivale necesariamente a que la Justicia regional haya dejado atrás sus problemas de falta de medios. De hecho, el aumento de los asuntos pendientes registrado en 2025 muestra que la incorporación de efectivos no ha impedido que siga creciendo la bolsa de procedimientos sin resolver.
Cuatro fiscales más
Junto a los jueces, el Gobierno anuncia también cuatro nuevas plazas de fiscales para Castilla-La Mancha. La plantilla del Ministerio Fiscal pasará así de 108 a 112 miembros, un incremento del 3,7%.
En el conjunto de España se crearán 500 nuevas plazas judiciales y 200 fiscales. El Ejecutivo sostiene que la distribución se ha realizado atendiendo a criterios de carga de trabajo, litigiosidad y población y que será trasladada al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con competencias transferidas y los tribunales superiores de Justicia para recoger sus propuestas.
En Castilla-La Mancha, por tanto, el anuncio supone un refuerzo significativo sobre el papel, pero llega cuando el propio TSJCM acaba de poner cifra a las carencias que todavía arrastra la Administración de Justicia. Las 21 plazas anunciadas no hacen desaparecer la reclamación del Alto Tribunal: son, precisamente, la cifra que el órgano judicial regional señalaba hace tres semanas como pendiente de cubrir.
Si (
No(
