El despiste de los diputados socialistas y de Podemos al dejar sin votar parte de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, por la que el Gobierno sube los impuestos cedidos, ha abierto una brecha en las relaciones parlamentarias, ha dejado en una difícil posición al presidente de la Cámara, el también socialista Jesús Fernández Vaquero y ha generado una situación crispada y de quiebra de confianza que puede marcar los tres años que quedan de legislatura.
La situación en las filas de la oposición se enardeció más a última hora, con el pleno ya finalizado, cuando la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de la que había nacido el proyecto, emitió una nota de prensa en la que en el titular se afirmaba que “Las Cortes regionales aprueban la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias”, hecho que no era cierto como habían señalado los letrados del Parlamento. La ley no puede publicarse ni en el Boletín Oficial de las Cortes ni en el Diario de Castilla-La Mancha para su entrada en vigor.
Crece la crispación y se enrarecen las relaciones institucionales en el Parlamento Autonómico
Pendientes de la solución jurídica que aporten los letrados y de la posterior decisión política que adopte en su reunión del lunes la Mesa de la Cámara, en la que PSOE y Podemos son mayoría, la sombra del recurso jurídico por parte del Partido Popular hace que la ley si definitivamente se aprueba en un próximo pleno lo haga con una fuerte debilidad y abierta a que, en su día, si los tribunales la tumban, los ciudadanos puedan reclamar las cantidades que la Comunidad Autónoma les haya cobrado en exceso por la aplicación de esta norma.
Fuentes consultadas por clm21.es abogan por la presentación de un nuevo texto a través de los grupos parlamentarios, a fin de agilizar los trámites para su aprobación. Esta vía permitiría por un lado bajar el nivel de crispación y por otro que los grupos de izquierdas aprobaran, esta vez sí, en forma adecuada y con seguridad jurídica la subida de impuestos que ha planteado el Gobierno de Emiliano García Page para poder equilibrar el capítulo de gastos.
Los servicios jurídicos de las Cortes regionales confirmaron que la Ley del Gobierno para subir los impuestos no fue aprobada
La polémica se recrudeció ayer, sábado. La presidenta del Grupo Popular, Ana Guarinós, puso en valor la actuación de los letrados del Parlamento: “los servicios jurídicos de las Cortes regionales –dijo la diputada popular- han confirmado la cacicada que Page y los socialistas protagonizaron en el Pleno celebrado ayer (por el viernes), tal y como denunció el PP a la finalización del mismo. Lo que se vio y se consintió ayer en el Pleno, por Page y por el propio presidente de la Cámara, el socialista Jesús Fernández Vaquero, fue un fraude al reglamento y una estafa que no tiene precedentes”. Guarinos resaltó que“hasta los propios servicios jurídicos de las Cortes han confirmado que la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de la Comunidad Autónoma, que se debatió ayer (por el viernes) en el Parlamento autonómico, no ha podido quedar aprobada, dado que su votación fue irregular”.
Por su parte el portavoz del Gobierno, Ignacio Hernando, trató de quitar hierro al asunto y justificó el despiste de los diputados en el hecho de que llevasen trabajando dieciséis horas seguidas.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, también justificó el despiste y lamentó que los diputados del Grupo Popular amenazaran con ir a los tribunales por la situación de confusión que se produjo durante la votación de una parte de la ley de medidas tributarias: “No se puede entender que los parlamentarios del PP hayan montado todo este jaleo y alharaca” por una situación que suele producirse en el Congreso, en el Senado y en otros parlamentos autonómicos, que es que se tenga que repetir votaciones por situaciones confusas.
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