En el primer trimestre la Junta compromete con la sanidad privada 5,6 millones en intervenciones quirúrgicas, superando el presupuesto de todo el año

En 2017 el gasto final en conciertos creció un 22,4%

También en derivaciones para procedimientos quirúrgicos cardíacos el gobierno ha autorizado y comprometido con las clínicas privadas 3,43 millones de euros, lo que supone más de la mitad (55%) de los 6,23 que tiene para todo el año.

A pesar del compromiso del presidente García-Page de acabar con la privatización sanitaria, en 2017 el gasto final en conciertos creció un 22,4% y fue una de las causas por la que la Junta incumplió el déficit público.

Sumadas las cifras para procedimientos quirúrgicos generales y para operaciones de cardiología, los datos económicos oficiales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) revelan que, durante los tres primeros meses del año, el gobierno regional ha autorizado un gasto en derivaciones quirúrgicas a hospitales privados del 88,68% del presupuesto que tiene para todo el año y había reconocido obligaciones de pago por casi el 30%. En concreto, de los 10,19 millones con los que cuenta el Servicio de Salud para pagar intervenciones quirúrgicas generales o cardíacas en clínicas privadas, a finales del primer trimestre ya había autorizado gasto por valor de 9,03 millones de euros, de los que había reconocido el pago de 2,83 millones de euros.

El gobierno ha anunciado que el plan de renovación de tecnología sanitaria es una realidad. La afirmación contrasta con el hecho de que, en el primer trimestre del año, el Ejecutivo haya autorizado el gasto en clínicas privadas para tomografías computerizadas casi tres veces por encima del presupuesto aprobado. En concreto, a finales de marzo el SESCAM ya había autorizado y comprometido un gasto de 625.148 euros, cuando el presupuesto máximo aprobado por las Cortes a petición del propio gobierno para todo el año es de 235.680 euros.

Otro tanto sucede con algunas partidas de tratamientos. Así, en terapias respiratorias el SESCAM había autorizado un gasto por importe de 19,41 millones de euros, cuando el presupuesto aprobado por el Parlamento a petición del propio gobierno era de 12,77 millones de euros.