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Emiliano García-Page el pasado martes en la Romería de la Virgen del Valle de Toledo.
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Emiliano García-Page el pasado martes en la Romería de la Virgen del Valle de Toledo. (Foto: Ignacio López//JCCM)

El gobierno refuerza la comunicación y la propaganda como respuesta a los malos datos económicos

jueves 03 de mayo de 2018, 20:50h

Anda el gobierno del presidente García-Page con la tesorería rota, con las finanzas públicas que no logran entrar en vereda y con la economía regional con los peores resultados de la legislatura, que tiene su reflejo más preocupante en el incremento del paro del 12% en los últimos seis meses, señal de la pronunciada desaceleración económica registrada en nuestra Comunidad. A menos de un año de las elecciones, la situación se ha complicado mucho y el Ejecutivo pretende que no trascienda, que la comunicación arregle y tape ese deterioro.

Y para ello ha cambiado de criterio. Los indicadores oficiales que hace apenas unos meses se usaban -con más o menos interpretación y creatividad- para trasladar a la opinión pública la fortaleza de la economía “gracias al gobierno del presidente García-Page”, se han convertido -de la noche a la mañana- en “meras encuestas irrelevantes”, en “datos que sólo interesan a los periódicos salmón (los económicos) o a Eurostat” (oficina europea de estadística). Las fuentes que antes se empleaban para avalar la fortaleza de las finanzas públicas ahora carecen de importancia y no son una referencia relevante.

Se da la paradoja de que un mismo sistema de medición como es la EPA es empleado por el ejecutivo regional y su grupo parlamentario para decir que con el gobierno de García-Page se han creado 51.000 empleos, pero también para señalar que no debe ser tenida en cuenta porque es una mera encuesta cuando revela que en el último semestre el paro en la región ha crecido en 21.700 personas, un 12%.

Este cambio de criterio coincide con el gran acto con el que el gobierno quiere plasmar el gran avance en tres años de legislatura. Un acto en el que se prescinde de los datos oficiales -que empiezan a no acompañar- y se apela a testimonios de personas cuidadosamente elegidas para la ocasión.

La nueva política de comunicación no sólo trata de tapar la brecha que le ha abierto al gobierno la realidad económica, anticipa y trata de descontar los resultados que están por venir. Y eso es lo que preocupa a los que deben fabricar la campaña de comunicación de aquí a las elecciones.

Salvo catástrofe, una economía no crece, se ralentiza o retrocede de la noche a la mañana. Los ciclos tienen su tiempo y obedecen a decisiones tomadas no ayer, sino en semestres o en años precedentes. El gobierno regional ha vivido y cosechado en sus primeros años el resultado de la estabilización económica llevada a cabo cuando todavía estaba en la oposición. Ha tenido más dinero para hacer políticas económicas y sociales que cuando la crisis se cebaba con las empresas y ciudadanos de esta región. Y ha hecho sus propias políticas en los dos primeros años de legislatura, que son las que ahora empiezan a reflejar los indicadores, esos de los que tratándose de economía no quiere oír hablar, que relativiza cuando se le pregunta por ellos.

Clm21.es se ha interesado por esta situación y por si el Ejecutivo va a corregir en algo sus políticas. La respuesta es no. El gobierno quiere llegar a 2019 viviendo de los réditos pasados y de las promesas a futuro, de unas decisiones que está tomando ahora, (como las ampliaciones de plantillas en los servicios públicos o los sistemas de garantías o las nuevas leyes) que empezarán a tener una fuerte repercusión económica a partir de finales del año que viene o incluso más allá. Sin duda hay que avanzar en esa dirección, el problema es que no pueden ser decisiones aisladas y deben enmarcarse en el contexto de una política económica que garantice el crecimiento económico y del empleo y el crecimiento social. De lo contrario, volveremos a las andadas. El problema es que el gobierno regional no contempla corregir su política económica, esa cuyos efectos empiezan a notarse con una desaceleración del crecimiento y el correspondiente impacto en el empleo. Muchas de las medidas presupuestarias están bien orientadas pero no se ejecutan o llegan tarde, evidenciando una grave incapacidad de gestión. Otras medidas se han demostrado poco acertadas, como el incremento de la presión fiscal en los tributos que afectan a la actividad económica, que no se ha notado en la recaudación pero sí en la desconfianza del tejido empresarial. Otras medidas ni tan siquiera se han contemplado. Y otras se hacen pensando más en los votos que en los ciudadanos.

Los datos oficiales -esos que el gobierno dice ahora que salen de unas “encuestitas”- no sólo afectan a la economía en su conjunto y al sector privado, también al sector público. Y aquí refleja la debilidad de las finanzas de la Junta. Dicen algunos miembros del gobierno que es que cuando la Consejería de Hacienda trata de poner orden, los diferentes órganos gestores ya han comprometido el gasto o han reconocido la obligación, incluso más allá de lo previsto. Vamos, que es el ejército de Pancho Villa. Y así pasa, que se dispara el déficit porque se acumulan las facturas y se rompe la tesorería que es una y no está compartimentada por órganos gestores.

Vaya un ejemplo de problemas de tesorería. El gobierno regional se ha visto obligado a pedirle al Instituto de Finanzas que financie a la tele pública con casi 4 millones de euros mediante la suscripción de un préstamo, “con el fin de solventar su situación de tesorería". Conviene recordar que la tele pública vive fundamentalmente de la subvención que le debe hacer llegar el gobierno regional todos los meses. Bastaría con que el gobierno le librase los fondos. Claro que el gobierno tiene cola de gente que quiere cobrar, ya sean facturas, ya sean subvenciones. El gobierno ni ha hablado en sus notas informativas del préstamo a la tele (aprobado en Consejo de Gobierno), ni de los problemas de pago que arrastraba en los primeros meses del año. Al contrario, presume de agilidad en los pagos. Y siendo verdad que mantiene un buen periodo medio de pago, no es menos cierto que se le ha disparado la deuda no financiera (la de pago a proveedores y a beneficiarios de subvenciones). Tanto, que fuera del presupuesto el Ejecutivo mantenía silenciada una fuerte deuda que le ha hecho sobrepasar en febrero más del 50% del déficit autorizado para todo el año. Son las cuentas de “acreedores pendientes de aplicar a presupuesto".

El gobierno del presidente García-Page calla, porque es de la teoría de que lo que no se cuenta no existe, al menos políticamente. Al contrario, piensa que lo que se dice es lo que vale y por ello calla los datos oficiales o menoscaba la importancia de las fuentes oficiales (comunes para todas las regiones y estados de la Unión Europea) y confunde información oficial con propaganda.

Baste recordar una sentencia ejemplar que se conoció la semana pasada a propósito de unas actuaciones de comunicación y propaganda del gobierno, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha le recuerda al gobierno del presidente García-Page la ley, que entrecomilla en los fundamentos jurídicos de su sentencia: “La dualidad entre la naturaleza política y ejecutiva de la acción gubernamental debe mantenerse en esferas comunicativas separadas. La valoración, el juicio y la información de carácter político tienen sus propios cauces y no deben mezclarse con la actividad comunicativa que, ordenada y orientada a la difusión de un mensaje común, emprende la Administración para dar a conocer a los ciudadanos los servicios que presta v las actividades que desarrolla. Debe ser un principio fundamental de la actividad comunicativa del Gobierno, a través de campañas institucionales, desligar la opinión política de la información veraz y neutral sobre sus políticas públicas. La publicidad y comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes, v no deben perseguir objetivos inadecuados al buen uso de los fondos públicos…”.

La sentencia 38/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha es un soplo de aire fresco en el panorama periodístico y en el uso que las administraciones hacen de la comunicación como herramienta de propaganda. Los magistrados Eulalia Martínez López, Miguel Ángel Narváez Bermejo, José Borrego López y María Prendes Valle no sólo han dictado una resolución jurídica impecable. Su sentencia es digna de ser estudiada en cualquier facultad de periodismo. También debería hacer que el gobierno regional reconsiderase su política informativa y abandonase la propaganda y abrazase a la información veraz y neutral. Pero mucho hay que temer que el Ejecutivo siga convirtiendo algunas ruedas de prensa en mítines de partido y algunas notas de prensa en propaganda electoral. Lo de la publicidad son palabras mayores. La realidad no pinta bien y hay que redibujarla con la comunicación.

La comunicación oficial de este gobierno está para esconder la realidad. Hubo un tiempo en que cuando la realidad oculta por la propaganda se destapó, se comprobó que está Comunidad estaba al borde de la quiebra. El mal estaba hecho.

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