Sanidad estudia hoy medidas que elevan el gasto en 1.500 millones de euros y en qué medida lo repercute a las Comunidades

Esta cuestión desplaza de la agenda a las medidas para mejorar la financiación sanitaria, tema considerado urgente en las autonomías gobernadas por el PSOE. El gobierno nacional ya ha mostrado su intención de garantizar la atención sanitaria a toda la población. Está por determinar si el decreto alcanza sólo a los inmigrantes ilegales o también restituye la tarjeta a los europeos residentes en nuestro país.

Tras la reforma de la ministra Ana Mato, los inmigrantes sin papeles mayores de 18 años sólo podían acceder a ser atendidos en urgencias y maternidad. Y los europeos residentes quedaban excluidos de la tarjeta sanitaria. Restituir ambas medidas supondría un coste que antes de las restricciones rondaba los 1.100 millones de euros. El gobierno deberá explicar a las Comunidades la ficha financiera de su nuevo decreto y quién debe asumirla y cómo se puede financiar.

El Consejo Interterritorial del día 28 también deberá abordar otra de las medidas anunciadas por el nuevo equipo: la finalización del copago farmacéutico de los pensionistas, con un coste anual de otro 400 millones de euros.

Ahora está por determinar si el ejecutivo central asume el coste de 1.500 millones de euros de sus dos primeras medidas y si lo hace en su totalidad o en parte, y si las Comunidades deben hacerse cargo de parte de la factura de estas dos decisiones del nuevo equipo.