El TC ha suspendido de forma cautelar la norma que reduce la jornada semanal de los empleados públicos de 37,5 a 35 horas y ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el gobierno en funciones de la Administración General del Estado contra la ley aprobada por las Cortes Regionales al entender que contraviene una norma básica nacional del año 2012
Tras esta decisión, el conflicto jurídico en torno a la constitucionalidad o no de la jornada de 35 horas, se ha transformado en un conflicto político. El Gobierno regional ha convocado para mañana a los sindicatos una reunión de urgencia para valorar la situación.
Por su parte Comisiones Obreras emitió una nota informativa en la que se reafirmaba en su defensa de las 35 horas y manifestaba que “aun existiendo dudas de interpretación, podía perfectamente haberse mantenido la jornada hasta el dictamen del Tribunal Constitucional, ya que estamos hablando de un proceso que debe resolverse en un ámbito estrictamente jurídico. Sin embargo, ahora se abre un periodo de hasta cinco meses para realizar esta interpretación y mientras tanto estamos obligados a suspender la medida”.
El Gobierno llama a una reunión de urgencia a los sindicatos en apoyo de la ley y el PP acusa al PSOE de haber buscado un conflicto de forma intencionada
La vicesecretaria regional y portavoz del PSOE, Cristina Maestre puso el énfasis en que “llama la atención que en cuatro meses, este gobierno en funciones a lo único que se ha dedicado es a presentar recursos para impedir que presidentes de comunidades autónomas como el de Castilla-La Mancha hayan devuelto a los empleados públicos los derechos cercenados por el PP”
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Francisco Cañizares acusó al Gobierno Regional de haber buscado intencionadamente la confrontación y haber generado la frustración de los empleados públicos, “porque era consciente de que la norma era de dudosa constitucionalidad. Si quería podía haber reducido la jornada de hecho, mediante fórmulas que ya han aprobado y experimentado otras administraciones, como la flexibilidad de un cuarto de hora de cortesía a la entrada o con el cómputo del tiempo para formación”.
La recuperación de la jornada de 35 horas semanales es, conforme recordó ayer el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, uno de los derechos que el presidente García-Page se comprometió a devolver a los empleados públicos de la región tras los recortes a sus derechos de la pasada legislatura.
La ley recurrida por el ejecutivo central fue la segunda que aprobó el Parlamento en la presente legislatura. Al igual que la primera, sobre modificación de la ley de creación del ente público de radio y televisión Castilla-La Mancha, no nació del gobierno autonómico. El origen estuvo en una proposición del Grupo Parlamentario Socialista. Esta modalidad permite tramitar y aprobar con mayor celeridad las leyes, si bien evita controles sobre la congruencia legal y constitucional e incluso sobre la técnica jurídica.
El hecho de que el texto fuese propuesto por un grupo parlamentario y no por el Gobierno sorteó el pronunciamiento del Consejo Consultivo que obligatoriamente emite informe de legalidad sobre los textos legislativos que propone el Gobierno, no así de los que proponen los grupos parlamentarios.
Este hecho es interpretado en las filas del Partido Popular como intencionado para generar un choque político y jurídico a costa de “un engaño a los empleados públicos”, según ha manifestado el portavoz en las Cortes Autonómicas, Francisco Cañizares. “Tanto es así -ha añadido Cañizares- que el Gobierno no se atrevió a presentar el proyecto porque sabía que podía tener un pronunciamiento negativo del Consejo Consultivo”
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